Rosa Cursach y Guillem Balboa son los candidatos de Veus Progressistes al Senado y al Congreso. | Més per Mallorca

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El candidato de Veus Progressistes al Congreso en las elecciones generales del próximo 28 de abril, Guillem Balboa, proponen incrementar en un mínimo de 5.000 empleados públicos la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y reforzar de una forma proporcional la Agencia Tributaria de les Illes Balears.

Balboa ha explicado que esta es una de las medidas que pretende poner en marcha para recuperar los «70.000 millones que los defraudadores nos roban cada año»; ha precisado que es una estimación de la Fundación de Cajas de Ahorro.

Otra de las medidas para hacer frente al fraude que han anunciado el candidato al Congreso y la candidata de la coalición soberanista al Senado por Mallorca, Rosa Cursach, es «prohibir por ley las amnistías fiscales de cualquier tipo», que persiguen «dar premios a los ricos que no cumplen la ley».

Balboa también es partidario de impulsar medidas por ley contra los paraísos fiscales. «Queremos evitar el truco de las grandes multinacionales que declaran los beneficios obtenidos en el Estado español a otro país, y por eso exigiremos un mínimo de un 15 % de los beneficios tributarios en el extranjero para poder estar exentos», ha explicado el candidato de la coalición soberanista.

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Además, ha plateado es exigir «transparencia y cooperación a las entidades financieras que operan en España para que notifiquen a las autoridades si en sus países tienen otras cuentas en paraísos fiscales».

Por su parte, Cursach ha manifestado que «el fraude a Hacienda es uno de los principales frenos al crecimiento de la economía del Estado». En este punto, ha precisado que «hay casos de fraude y de evasión a pequeña y a gran escala, desde las empresas hasta los deportistas de alto nivel». Además, ha criticado que las penas no sean suficientemente contundentes y que haya hasta «opciones de fraude legalizado, como las SICAV».

En su opinión, «cuando las derechas y los poderosos nos dicen que no hay dinero para mantener el sistema de pensiones o invertir en servicios sociales, educación o salud, se olvidan de los 70.000 millones que nos defraudan cada año».