Antoni M. Fuster09/01/25 12:10
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La agenda sanitaria de este recién estrenado 2025, viene marcada por cuestiones de calado que tendrán un significativo impacto en nuestro sistema de salud. Así, en el último trimestre de 2024, las incertidumbres sobre el modelo de gestión de Muface han ocupado titulares. Incluso se han producido manifestaciones en las calles de colectivos funcionariales solicitando la no desaparición del modelo. Las compañías que venían prestando atención sanitaria para la misma (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV) han rechazado la propuesta presentada por el Gobierno Central. El hecho es que el concurso planteado por el Gobierno en el último trimestre ha quedado desierto, lo que ha obligado a volverlo a licitar. Esta vez sí con un significativo incremento respecto a la licitación anterior -la primera licitación incluía un incremento del 17% respecto al antiguo concurso y esta nueva se incrementa hasta el 33,5%-.

El montante final para el trienio previsto es de casi 4.500 millones, siendo la prima por asegurado del primer año de 1.032,12 €, todavía lejos de la cifra que se invierte en gasto sanitario de media a nivel nacional que son 1.789 € per cápita. Adeslas y DKV, que juntas representan el 65% de cuota, ya han manifestado su intención de no presentarse. La primera, a través de un informe encargado a Deloitte, alega que aceptar las condiciones del concurso para los tres años, podría suponerle un agujero en sus cuentas de 256 millones. Asisa, hasta el momento, tiene tomada la decisión de acudir. ¿Aparecerán nuevas compañías interesadas en presentarse? Crónica de una Muerte Anunciada, título de la novela de García Márquez podría ser el titular de esta situación respecto a una fórmula de gestión que este año cumplirá 50 años y que afecta a 1,5 millones de beneficiarios, poniendo en riesgo su continuidad asistencial. ¿Será su fin? Desconcertante que se haya llegado hasta aquí sin darle una solución a un problema que repercutirá en las autonomías por ser éstas las que tienen asumidas las competencias en materia de salud. Aunque no haya tenido tanto reflejo en los medios, otro asunto seguro ocupará también agenda. Indudablemente, su impacto en el sistema sanitario, dada la escasez de profesionales, será altamente mayor y puede poner en riesgo su sostenibilidad. Se trata de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Ley de Seguridad del Paciente para establecer ratios mínimos de enfermería en la atención sanitaria. Esta iniciativa, impulsada por el sindicato SATSE (sindicato de enfermería) impacta directamente en el actual modelo de gestión tanto público como privado. Su aplicación, puede suponer importantes incrementos en las dotaciones de recursos de enfermería que actualmente no se disponen. Por tanto, si no se quiere poner en riesgo la viabilidad del sistema, es necesaria una tramitación que suponga la implicación, participación y consenso entre todos los agentes afectados.

Sin duda, asuntos de gran importancia que obligan a permanecer atentos y dispuestos ante el desarrollo de los próximos acontecimientos. Mucho trabajo nos espera.