El Govern fuerza a los hoteleros a apoyar la ley turística pese al bloqueo de plazas. En la foto, Maria Frontera, Gabriel Llobera e Iago Negueruela. | Jaume Morey

La política turística marca las reformas hoteleras. La legislación facilita en mayor o menor medida la modernización y en algunos casos la ampliación de los establecimientos hoteleros. En Balears, los empresarios turísticos han tenido multitud de facilidades en los últimos años para actualizar sus hoteles. La normativa ha ido variando en función del Govern y las facilidades han experimentado también más de un vaivén. Es cierto que quedan aún muchos hoteles por modernizar, pero son mayoría los que han aprovechado las facilidades del Govern para reformar y, cuando se podía, ampliar sus establecimientos.

Fue el 21 de julio de 2012 cuando el boletín ofical de la comunidad publicó la Ley 8/2012 del turismo de les Illes Balears. José Ramón Bauzá (PP) era el presidente de las Islas, Carlos Delgado ejercía de conseller de Turisme y Jaime Martínez, que le sustituyó meses después, era el director general de Turisme.

La Ley 8/2012, en su disposición adicional cuarta, facilitaba el incremento de la edificabilidad en un 10% en establecimientos de menos de tres estrellas o tres llaves; del 15% si tienen tres estrellas o tres llaves; y de un 20% para los hoteles y apartamentos de mayor categoría. Además, planteaba un incremento de la edificabilidad del 40% en los hoteles de cinco estrellas realizado por un arquitecto estrella, de reconocido prestigio. La normativa prolongaba su vigencia durante cinco años, hasta julio de 2017.

El Decreto Ley 1/2013, de siete de junio, de medidas urgentes de carácter turístico y de impulso de las zonas turísticas maduras, pretendía fijar una serie de medidas que posibilitaran la inversión y la modernización de los establecimientos. La gran novedad era sin duda que permitía también ampliar plazas a los establecimientos situados en una zona madura.

Además, permitía que los establecimientos situados en la playa de Palma, entonces la única zona madura de Mallorca, podían aumentar una o dos plantas en el establecimiento turístico. Fijaba que no podrían sobrepasar en ningún caso las ocho plantas totales de altura (planta baja más siete). La vigencia de la normativa, inicialmente, era hasta julio de 2017.

Las elecciones autonómicas de 2015, que tuvieron lugar el 24 de mayo, supusieron un severo revés para el Partido Popular y la llegada a la presidencia de Francina Armengol (PSIB). Gabriel Barceló (Més per Mallorca) era el vicepresidente y conseller d’Innovació, Recerca i Turisme. El nuevo ejecutivo reorientó la política turística y en el Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística, modificó la Ley 8/2012 del turismo. Eliminaba la posibilidad de destinar en zonas maduras el incremento de la edificabilidad a una o dos plantas adicionales. Mantenía la posibilidad de incrementar la superficie edificada. Eliminaba también la posibilidad de ampliar el número de plazas.
En julio de 2017 finalizaba la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2012 del turismo, que permitía a los establecimientos turísticos incrementar la edificabilidad. La respuesta del Govern fue la Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012 del turismo. Es la disposición adicional tercera la que versa sobre los incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos.

Fija que los proyectos de modernización de los establecimientos podrán contemplar la reordenación o la reubicación de volúmenes existentes, el aprovechamiento del subsuelo para usos habitables excepto el de alojamiento, y la redistribución del número de plazas autorizadas. Deja claro, en todo caso, que en ningún caso podrá ampliarse el número de plazas. Fija también que la superficie edificada podrá incrementarse, pero solo un 10%. La vigencia queda fijada en tres años. Es decir, hasta julio de 2020.
El Govern de Francina Armengol impulsó la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. En su artículo 7 se refiere a los incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos. Fija una vigencia que finaliza el 31 de diciembre de 2021. Prohíbe también el incremento de plazas, aunque permite un incremento de la edificabilidad del 10%, que podrá ser del 15% si así lo decide la administración que ostenta en cada isla la competencia de ordenación turística.
Finalmente, el Decreto ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears, se refiere también a los incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos. El proyecto de ley, que está ahora en tramitación en el Parlament, contempla que las modernizaciones puedan exceder en un máximo de un 15% la superficie legalmente construida. Deja, en todo caso, en manos de la administración competente, que se reduzca hasta el 10%. En este sentido, tanto Podemos como Més por Mallorca ya han anunciado su intención de que en Mallorca solo sea el 10%, si bien Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Treball i Turisme, anunció que el PSIB no aprobará la reducción. La gran novedad es que esta nueva normativa obliga también a los hoteleros a que el proyecto de reforma contemple también una reducción del 5% de las plazas. La vigencia de los incentivos alcanza hasta el 31 de diciembre de 2025.

REFORMAS. Desde que la Ley 2/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica entrara en vigor se han acogido a la nueva normativa un total de 101 proyectos con un presupuesto total de 151 millones de euros. La media es de 1.495.049 euros. En el segundo semestre de 2021, coincidiendo con una clara mejora de la situación económica, se han incrementado de forma importante las solicitudes. En este sentido, el 75% de los expedientes entraron en la Conselleria de Model Econòmic, Treball i Turisme en el segundo semestre de 2021. Hay que considerar, además, que el 31 de diciembre del pasado año acababa el plazo fijado por la ley para acogerse a los incentivos para impulsar la modernización de los establecimientos.

Fuentes del Govern, además, señalaron que desde 2012 hasta 2017 se presentaron un total de 837 proyectos con un presupuesto total de 1.123.923.541,14 euros. La disposición adicional tercera, que estuvo en vigor desde agosto de 2017 y durante tres años hizo que se aprobaran 21 expedientes.
De esta manera, desde 2012 se han reformado más de 950 establecimientos turísticos con una inversión superior a los 1.200 millones de euros. Otra cosa será de ahora en adelante.