Por un consenso sobre el impuesto turístico, por el Cercle d'Economia de Mallorca

Es cierto que, en general, existe una percepción social positiva sobre una tasa que solo debería ser abonada por los turistas que nos visitan. Esto es comprensible, y más en una comunidad autónoma como la nuestra, penalizada por un sistema de financiación injusto que deja al aire carencias importantes en nuestros servicios públicos fundamentales. Pero esa aceptación a priori de la ciudadanía no debe servir de excusa para no abordar un análisis riguroso del impacto a medio y largo plazo del impuesto en nuestra principal industria, el turismo.

Existen ejemplos de implantación de una tasa sobre las estancias turísticas en numerosos destinos europeos. Países como Francia, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Países Bajos o Portugal ya están cobrando un impuesto por pernoctación, sin que ello haya supuesto una pérdida de visitantes. También en Catalunya lleva años recaudándose, si bien cerca del 80% de los ingresos obtenidos se concentran en un destino urbano de primer nivel como es Barcelona. Por otra parte, Balears se ve obligada a realizar un esfuerzo muy importante en materia de infraestructuras para atender una demanda de servicios muy estacional. El suministro eléctrico, el transporte, el saneamiento y abastecimiento de agua, el tratamiento de residuos, etc., están diseñados para atender unas puntas muy elevadas de población en temporada alta, sin que se resienta la calidad de esos servicios. Este es uno de los aspectos que convierte a Balears en un destino competitivo, y resulta razonable que también nuestros visitantes contribuyan económicamente a financiar unas infraestructuras dimensionadas para los meses de máxima afluencia. Por tanto, un gravamen bien diseñado podría ayudar a la mejora y a la diferenciación de nuestro producto turístico, sin que el impuesto acarree necesariamente una pérdida de competitividad.

Sin embargo, tampoco sería realista cerrar los ojos ante determinados riesgos que comporta una figura impositiva de estas características. Si esta nueva tasa solo implicara fortalezas y bondades, no se entendería que nuestros principales destinos competidores en el producto turístico de sol y playa -a día de hoy el más importante en Balears desde el punto de vista cuantitativo y de ingresos- no la hayan incorporado a su fiscalidad. Los expertos coinciden en señalar que este producto todavía atiende a una demanda muy sensible al precio, a diferencia de otros segmentos del mercado como el turismo cultural, gastronómico, urbano o deportivo, por citar algunos ejemplos. A pesar del avance de las nuevas tecnologías, el peso de la comercialización a través de touroperadores sigue siendo muy elevado, y estos aún disponen de un gran poder de decisión en el desvío de flujos de demanda a otros destinos turísticos. Balears se ha beneficiado durante años de diferentes circunstancias que han ido afectando a otros destinos de la cuenca mediterránea, y que han convertido a nuestras islas en un destino refugio. Pero resulta ciertamente temerario apostar todo a que esta coyuntura favorable, que no depende de nuestra política turística, se vaya a mantener indefinidamente.

El éxito de cualquier impuesto pasa, entre otras cosas, por una adecuada identificación del sujeto pasivo. En este sentido, en nuestra comunidad surgen dudas razonables a la hora de concretar los mecanismos para lograr que ese impuesto sea justo, es decir, que lo paguen todos los turistas que nos visitan, y no solo una parte de ellos. En los últimos años se ha producido un incremento exponencial del alquiler turístico que opera en estos momentos al margen de la legalidad. Ello plantea importantes problemas operativos para el cobro del impuesto turístico sin incurrir en un claro ejemplo de competencia desleal hacia el sector hotelero. La regulación del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, que necesariamente implica una limitación, supondría un control real sobre la oferta que garantice su sostenibilidad social y ambiental, y evite la creciente sensación de saturación que venimos padeciendo en los meses estivales. Parece razonable pensar que esa regulación debería ser un paso previo a la aplicación de una tasa por pernoctación turística, para así saber a quién y cómo se debe exigir su cobro.

Tampoco está resuelto el cobro a los residentes en Balears que se desplazan entre islas por motivos que nada tienen que ver con el turismo. Aunque el impacto sobre la recaudación global sea ínfimo, esta es una cuestión que se debe abordar con rigor y sensibilidad. Si el hecho imponible del impuesto es la estancia turística, no es justo que se graven otro tipo de desplazamientos.
Esto introduce otra cuestión a tener en cuenta, el incremento de costes derivados de la carga administrativa y de gestión del impuesto. Por desgracia, la experiencia nos dice que este es un aspecto que históricamente no ha sido valorado en toda su importancia, y que nos ha conducido a un incremento abusivo de la burocracia.

Balears ya vivió hace años un intento fallido de aplicación de lo que se denominó ecotasa. Existe una coincidencia generalizada en señalar dos graves errores en su implementación. En primer lugar, un nulo consenso con el sector turístico a la hora de definir el nuevo tributo y que llevó a una contracción de nuestra principal actividad económica.

En el Cercle d’Economia de Mallorca estamos convencidos que no es ese el objetivo del futuro Impuesto del Turismo Sostenible, y por tanto nos atrevemos a reclamar un consenso que garantice el éxito y la continuidad de ese gravamen, que no debería quedar sometido a futuros vaivenes políticos.

El segundo error que se cometió en el año 2002 fue la indefinición del destino de los fondos recaudados por la ecotasa. Es imprescindible un uso finalista de esos fondos, que revierta en una mejora de nuestra competitividad como destino turístico. Un catálogo de actuaciones tan amplio y genérico como el que hemos ido conociendo a lo largo de las últimas semanas nos puede abocar a la ineficiencia y al rechazo del impuesto a medio plazo. Es imprescindible una colaboración público-privada en la gestión de esos recursos, con total transparencia para facilitar el seguimiento y la consecución de los objetivos planteados.

En el Cercle d’Economia de Mallorca creemos que se está a tiempo de reconducir el debate y evitar perjuicios empresariales y sociales que no nos podemos permitir. Los llamamientos al diálogo y al consenso de nuestros representantes políticos deben traducirse en hechos.