El Teatre Principal de Palma tuvo sus cuentas embargadas durante el segundo semestre de 2011. | JESUS CARRILLO

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A mediados de julio de 2011, un juez ordenaba el embargo de las cuentas del Teatre Principal de Palma por el impago de 1,7 millones de euros a la UTE Dragados-Melchor Mascaró, que se encargó de desarrollar entre 2005 y 2007 las obras de rehabilitación del teatro. Días después, la presidenta del Consell, Maria Salom, comunicaba en rueda de prensa que la orden judicial advertía a la institución insular de que debía pagar de forma prioritaria este dinero, antes que cualquier otra factura, y de que sólo quedaban excluidas del embargo las nóminas de los funcionarios. El Principal no cumplió, no obstante, con esa medida judicial y continuó pagando las facturas de las cuatro plazas de párking que alquila mensualmente para varios empleados.

Según unos documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la dirección del Principal renta desde hace años plazas de garaje municipales, cercanas a la sede del teatro, sólo para algunos de sus trabajadores. Entre julio y diciembre de 2011, cuando las cuentas del espacio estaban bloqueadas y no podía pagar a sus proveedores, a quienes les debía por entonces casi un millón de euros, el Principal siguió abonando regularmente, «por caja», y no a través del banco, el alquiler de estas plazas, dos en la plaza Bisbe Berenguer de Palou y dos en el subterráneo de la Plaça Major de Palma. Todo contó con el visto bueno de la directora gerente del teatro, Margalida Moner, quien, a diferencia de otros de sus predecesores, decidió pagar de su propio bolsillo su plaza de garaje.

El alquiler de estos aparcamientos de forma indiscriminada a determinados trabajadores del Principal ha levantado algunas ampollas en los últimos años. No todo el mundo dentro del teatro estaba de acuerdo en que algunos empleados contaran con este trato de favor, mientras que otros debían pagarse por cuenta propia la O.R.A. o desplazarse a su puesto de trabajo mediante transporte público. La anterior gerencia del Principal, según algunas fuentes, barajó la posibilidad de prescindir de estos servicios, aunque finalmente no se tomó ninguna decisión en firme.

Actualmente, el Principal sigue contratando estos aparcamientos, que tienen un coste total de más de 500 euros mensuales. Según ha podido saber este periódico, no existe ninguna cláusula en el contrato de estos trabajadores, ni consta en su convenio colectivo, que diga que deben disponer de este privilegio en especies.