Palou asegura que «en el Museu de Mallorca no tenemos nada que ocultar»

«No sólo estamos de acuerdo en que se hagan las inspecciones que se consideren oportunas, sino que nos servirán para que alguien externo a estas bajas pasiones pueda comprender y, por supuesto, explicar sin mediatización de nadie el trabajo diario que se lleva a cabo e incluso el compromiso personal de la gente del museo en la conservación, estudio y difusión del patrimonio», añadió Palou.

Palou hace estas declaraciones tras la reunión mantenida con los arqueólogos y Pere Joan Martorell, director general de Cultura. Los arqueólogos acusan a Palou de mala gestión del patrimonio de las excavaciones y depositado en el centro por mandato de la Llei de Patrimoni. La verdadera lucha que mantienen con Palou viene dada por la sigla identificativa que deben poner a cada resto de cerámica, hueso o cualquier elemento que aparezca en una excavación, sigla que dicen, dificulta el trabajo científico.

Por su parte, Palou asegura que aplica el sistema DOMUS del Ministerio de Cultura, que comenzaron a usar para «poner orden» en el fondo del museo tras su llegada. Cuando tomó posesión de su cargo, la prensa le preguntó si pensaba pedir una auditoría sobre el estado en qué encontraba el museo. «Dije que no por decoro», recordaba ayer, reflexionando que tal vez hubiera debido hacerlo. «No obstante todo fue documentado fotográficamente por el museo y por el Ministerio». Algunas de las denuncias de los arqueólogos a la Conselleria de Cultura se refieren a materiales que estaban en el museo antes de aterrizar Palou.

Como la sigla es el auténtico caballo de batalla de los arqueólogos, en la reunión se acordó que éstos harán una propuesta para su modificación que Palou estudiará con el Ministerio de Cultura.

Otro problema que plantean los arqueólogos es la falta de personal del museo, un asunto que colea desde tiempo inmemorial y que se ha ido dejando de lado legislatura tras legislatura. Añadimos el escaso presupuesto y la falta de atención crónica de los gobernantes. El debate sobre el estado de la arqueología ha saltado a la calle contaminado y ha pillado fuera de juego al Consell y al Govern. Al primero, que detenta las competencias en patrimonio, porque se ha encontrado con una situación caótica, agravada por el cierre del Centre d'Arqueologia de Son Rossinyol, un almacén de lujo para restos arqueológicos creado en la anterior legislatura que nunca ha funcionado como debiera y cuyo alquiler cuesta 5.000 euros al mes.

Por otro lado están los arqueólogos, un colectivo variopinto al que se adscriben los profesionales liberales y los directores de proyectos científicos avalados por distintas instituciones. Muchos de ellos, según ha podido saber este diario de fuentes diversas, no han entregado los materiales de excavaciones, sobrepasando con creces el tiempo que marca la ley, bajo la vista gorda del Consell, creándose así una situación de laxitud y falta de control que sólo podía explotar con virulencia.

Consell y Govern tienen la obligación de acometer la reforma del funcionamiento de la arqueología de una vez con rigor, seriedad y hacerlo juntos en esta legislatura. Y los arqueólogos deberán hacer su propio examen de conciencia como profesionales y cumplir la ley.