Archivo - La Policía Municipal de Madrid detiene a una persona. | POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

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Agentes de la Policía Municipal de Madrid interceptaron el pasado martes a dos individuos que habían cambiado la cerradura de una casa con la intención de dejarla en disposición de okupas publicitándolas a través de redes sociales, han confirmado a Europa Press fuentes del Cuerpo Local.

La intervención policial tuvo lugar sobre las 21 horas en un piso del número 9 de la calle Juan Boscán, en el distrito de Ciudad Lineal. Dos personas, supuestos cerrajeros, llegaron al inmueble para cambiar el bombín de la puerta con sigilo. Una vecina lo observó y llamó por teléfono a su propietario, que negó que hubiera autorizado un cambio de cerradura.

Pero fue otro vecino el que avisó a la Policía Municipal, cuyos agentes llegaron rápidamente al lugar y pillaron a estas dos personas con un gran manojo de llaves --algunas de ellas maestras--, un montón de bombines e instrumentos encima. Uno de ellos terminó confiesa ser cerrajero y trabajar para «organizaciones que buscan pisos de bancos o en desuso».

Explicó a las autoridades que primero verifican que el inmueble esté vacío, luego cambian el bombín y comercializan las llaves a través de TikTok por 1.500 euros, ha publicado hoy el diario 'El Mundo'.

Durante el registro, los agentes encontraron esta cantidad de dinero en los bolsillos del cerrajero, junto con decenas de bombines y llaves, incluidas algunas maestras. También poseían las llaves de la vivienda usurpada.

La Policía Judicial de Madrid ha tomado el control de la investigación para determinar si los individuos forman parte de un grupo organizado. Las autoridades sospechan que las llaves podrían haber sido proporcionadas por antiguos inquilinos, que se habían mudado hacía poco tiempo, aunque no hay certezas al respecto.

Los detenidos son dos españoles de 26 y 20 años. Se enfrentan cargos por usurpación, un delito que, al tratarse de una propiedad vacía, no se considera morada y, por tanto, no conlleva pena de prisión, sino una posible multa de tres a seis meses.