Archivo - Puerta principal de la Oficina Antifraude de la Generalitat de Catalunya. | DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

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La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) recibió el año pasado 28 peticiones de protección a personas alertadoras de corrupción, y también en 2023 abrió 23 expedientes de 2023, informa en un comunicado.

Así lo refleja la memoria de 2023 que Antifrau ha entregado al Parlament, y constata que en 2023 «se han conseguido cifras récord desde que la OAC se puso en funcionamiento en el año 2009» en cuanto a expedientes resueltos, número de denuncias, medidas adoptadas a raíz de investigaciones y participantes en las actividades de formación.

La memoria de 2023 recoge por primera vez datos sobre las competencias de Antifrau como autoridad independiente para la protección de personas alertadoras, que aprobó el Parlament en 2023 e implican que puede tomar medidas de protección a alertadores, encargarse del regitro de los responsables de los canales de internos de información y gestionar el canal externo de denuncias.

Entre 2018 y 2023, Antifrau ha acumulado 36 peticiones de protección: de estas, en 22 ha concedido la condición de persona protegida, a 13 se la ha denegado y ha habido una petición inadmitida.

Antifrau también se encarga de supervisar que exista un sistema interno de información en el sector público y el privado: por ahora se han registrado 1.368 empresas y 146 entes públicos, y la Oficina ha puesto en marcha un servicio de consultas que ha recibido y atendido 300 peticiones.

827 denuncias, la mayoría anónimas

El total de denuncias en 2023 fue de 827, una «cifra récord desde que funciona la institución» y que supone un aumento de un 256% respecto a la media de denuncias recibidas entre 2010 y 2022.

La mayoría de denuncias (67,7%) llegaron a través del buzón anónimo, un 19,3% que procedían de particulares y un 5% de representantes de grupos políticos.

En cuanto a entidades o instituciones concernidas por las denuncias, el 35,6% hacían referencia a ayuntamientos, el 1,6% a la Generalitat y el 5,2% a otras entidades o administraciones, y el 41% hacían referencia a presuntas irregularidades en contratación pública.