Irídia dice que los mecanismos internos para investigar violencia institucional son "insuficientes"

Así lo ha dicho en una rueda de prensa este martes sobre el balance de violencia institucional 2023 la abogada de la asociación, Sònia Olivella, junto a la también letrada, Mireia Salazar; la psicóloga Natàlia Abrego, y la directora de Irídia, Anraïs Franquesa.

«Desde Irídia tenemos clarísimo qué políticas públicas y qué mecanismos de control se tendrían que implementar para rehacer esta situación», ha añadido Olivella.

Durante 2023 la entidad recibió 146 solicitudes de actuación, de las que 57 pertenecían a este ámbito, y que la organización ha actuado como acusación en 56 ligitios: 49 siguen abiertos y siete finalizados.

Por estos litigios hay 156 agentes o funcionarios encausados en un procedimiento penal y 82 de estos, investigados: 34 de los Mossos d'Esquadra; 12 de la Policía Nacional; 19 de la Policía Local; 10 funcionarios de prisiones y siete vigilantes de seguridad privada.

Además, Olivella ha destacado que 74 agentes están acusados y pendientes del juicio o en fase de presentar escritos de acusación en su contra, y en 20 de 49 casos que estaban abiertos hay un componente de racismo (41%).

Olivella se ha quejado de que en algunas actuaciones policiales los agentes «no van debidamente identificados», y que, en algunos casos, sus superiores jerárquicos no realizan trabajos de vigilancia y control, lo que hace que se acaben archivando causas muy graves, en sus palabras.

Caso antonio

Por su parte, Salazar ha explicado el caso de Antonio, un hombre que murió después de que varios agentes le dieran seis descargas con la pistola Táser el 26 de noviembre de 2021.

La madre de la víctima llamó a emergencias porque su hijo estaba en un «estado grave de agitación» a raíz de una problemática de salud mental, y se desplazaron hasta el lugar de los hechos varios efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de los Mossos d'Esquadra.

Los efectivos del SEM no subieron al domicilio, y los agentes policiales le propiciaron las seis descargas -hasta cuando ya estaba reducido en el suelo-- y la víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria.

Salazar ha explicado que la causa se archivó «poco después de ser incoado», y que la sección 8 de la Audiencia de Barcelona acordó la reapertura después de que Irídia interpusiera un recurso.

«La Táser no se tiene que utilizar por causas mentales. Este hombre tenía que ser tratado como un caso médico y clínico y no como una práctica policial. Dos años y medio después de su muerte, la investigación sigue en los inicios. Si no fuera por la insistencia de la familia de Antonio el caso no hubiera tirado hacia adelante», ha añadido.

"mucha impotencia"

La hermana del fallecido, Annoris, --que también ha asistido a la rueda de prensa-- ha relatado los hechos y ha expresado que sienten «mucha impotencia» y que han sufrido mucho por la falta de información y porque había cosas que no concordaban, en sus palabras.

«Queremos que cojan a los responsables. Queremos que reconozcan lo que pasó y se le haga justicia. Mi hermano se merece justicia. A mi hermano no nos lo pueden devolver, pero queremos que esto no le vuelva a suceder a nadie», ha añadido.

"sufrimiento" en los procesos judiciales

Además, la psicóloga Natàlia Abrego ha querido visibilizar «todo lo que supone un proceso judicial y el sufrimiento que supone», y ha destacado la falta de información que se da a las familias, lo que genera unos nervios y un sufrimiento innecesario, en sus palabras.

«Hace falta un cambio en la manera cómo se comunica a las familias y cómo se atiende a las personas con problemáticas de salud mental. Las instituciones tienen que tomar medidas», ha asegurado Abrego.

También ha añadido que se tiene que formar a los profesionales con el protocolo de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Para acabar, Franquesa ha insistido en que hace falta más «transparencia y supervisión» de los cuerpos policiales, y ha emplazado a las fuerzas políticas a asumir el compromiso para crear un mecanismo independiente de supervisión de las fuerzas policiales.