Las tres expertas investigadas por presuntas injurias a Junts en el informe que hicieron sobre la denuncia de la diputada Cristina Casol por presunto acoso en la formación también tenían encargado otro informe respecto a la denuncia de la diputada Aurora Madaula por el mismo motivo, y este segundo informe quedó paralizado a raíz de la querella de Junts por las valoraciones de las autoras del informe.
Lo han contado este viernes al declarar como investigadas ante el juez que instruye la causa abierta por la querella de Junts contra la abogada y las dos psicólogas que firmaron el informe, han explicado fuentes presentes en la declaración.
Las investigadas han llegado a la citación en el juzgado arropadas por una concentración de unas 50 personas con representantes de la CUP y los comuns, la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge y la propia Casol.
La denuncia de Casol ante la Oficina de Igualdad del Parlament por presunto acoso de otros compañeros de su formación comportó activar por primera vez el protocolo de igualdad de la Cámara, y se encargó la investigación a la empresa externa para la que trabajan las tres querelladas.
Casol fue expulsada de Junts y su denuncia quedó archivada porque el informe concluyó que no había pruebas de acoso, si bien las tres especialistas en violencia machista describieron un ambiente de tensión y trabajo en el grupo «donde el machismo cultural está arraigado», algo que Junts considera sesgado.
En las declaraciones de este viernes, el juez ha preguntado a las tres especialistas en violencia machista cómo llegaron a las conclusiones que plasmaron en su informe y si tenían alguna intención de injuriar u ofender a alguna persona o grupo político.
Ellas han negado que tuvieran esta intención, han afirmado que hicieron su trabajo y han explicado la metodología que siguieron para hacer el informe, que entre otros comportó 10 entrevistas.
El informe no podía sancionar
Han incidido en que su informe se hizo con criterios científicos y a partir del protocolo de igualdad del Parlament, validado por todos los grupos, de manera consensuada con profesionales expertos en la materia y guardando la confidencialidad.
También han recordado que el informe que les encargó el Parlament no forma parte de ningún procedimiento administrativo ni tenía capacidad de imponer sanciones, sino que se trataba de un informe previo a un eventual procedimiento administrativo, que no se abrió porque concluyeron que no había pruebas de acoso.
Las tres investigadas han contestado solo a las preguntas del magistrado del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona y a las de su defensa, según ha afirmado el abogado Eduardo Cáliz antes de las declaraciones para no «entrar en este juego de matón de patio de colegio».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.