La mayoría absoluta del PP ha permitido sacar adelante esta norma a pesar de la abstención de Vox y el voto en contra de los partidos de izquierdas (Más Madrid y PSOE). Se trata de una norma que ya se presentó la pasada legislatura pero decayó por la convocatoria de elecciones.
Desde el Gobierno regional han explicado que esta ley busca implantar «un nuevo modelo, pasando del lineal al de la reutilización y reciclaje, que maximiza el ciclo de vida de los materiales y previene la generación de residuos». De este modo, aspira a crear «un sistema productivo y de consumo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, en línea con las directrices que marca la UE». Además, busca «avanzar hacia el vertido cero e incentivar la creación de nuevas oportunidades para las empresas y municipios de la región».
Se trata, según el Ejecutivo regional, de «una norma incentivadora, no impositiva, que evita burocracia y gastos innecesarios, ya que no requiere de un organismo adicional ni establece tasas ni impuestos agregados», y que «busca beneficios ambientales, junto a otros económicos, sociales y académicos. Asimismo, persigue »reforzar la seguridad jurídica, eliminar la hiperregulación, proteger el entorno, impulsar la sostenibilidad y generar empleo estable y riqueza".
De esta forma, han destacado que el objetivo es «la implicación de toda la sociedad, fomentando un uso responsable y competente de los recursos naturales, el incremento de la vida útil de los productos que con ellos se generen y su reciclaje y valorización para incorporarlos de nuevo a la cadena de producción».
En el debate parlamentario del dictamen, la diputada del PP Miriam Bravo ha puesto en valor que esta será la ley por la que se va a regir «la gestión inteligente de los residuos en los próximos años» y ha hecho hincapié en que es «respetuosa con la norma estatal» y en que busca «transitar a un modelo circular».
Críticas de la oposición
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha defendido su abstención al haber el PP aceptado alguna de sus incorporaciones en forma de enmienda parcial. En todo caso, ha dejado claro que no están a favor de los «argumentos de fondo» de la norma, ya que la consideran «bastante progre», así como que ha remarcado que no entienden que se quieran hacer leyes autonómicas «de todo».
El diputado del PSOE Javier Guardiola ha sostenido que la Comunidad «no necesitaba hacer esta ley» y la ha rechazado porque va a afectar «sobre todo a los municipios», porque «no va a cuidar el medio ambiente» y porque responde «absolutamente a intereses políticos y no técnicos». En ella, a su parecer, no hay objetivos ni soluciones.
La parlamentaria de Más Madrid Alodia Pérez ha criticado que esta no sea una «ley de consenso». «De hecho en el término estricto de la palabra no es una ley y muchísimo menos de Economía Circular», ha remarcado, al tiempo que ha defendido que dicha norma «no cambia nada, no mejora nada y perpetúa el modelo actual».
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