El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha advertido este jueves desde Córdoba que la decisión del Gobierno de la Nación de «eliminar la Golden Visa», es decir, la fórmula para que ciudadanos extranjeros logren el permiso de residencia por una inversión inmobiliaria en España superior a 500.000 euros, «va a generar mucha más incertidumbre a los inversores para venir a España», y perjudicará, «sobre todo, a destinos como la Costa del Sol», en concreto a ciudades como Málaga y Marbella, y también a la capital andaluza, Sevilla.
En este sentido y en declaraciones a los periodistas poco antes de asistir, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, a la Asamblea General Ordinaria de CECO, González de Lara ha afirmado que eliminar el citado «visado de oro» también «en Córdoba puede afectar, pero hay hay ciudades muy del litoral que están en la línea de flotación de una medida» que, en su opinión, «está absolutamente equivocada y va en la línea contraria a lo que necesitaría nuestro país».
Por ello, en la CEA «preocupa» la decisión del Gobierno de España, que ha sido «precipitada, no debatida, no reflexionada y no incardinada en ninguna mesa de diálogo con los agentes empresariales afectados», y la cuestión no es «si esa va a ser la solución, que no va a serlo, para el problema de la vivienda en este país», sino que lo que se crea «es un problema de credibilidad».
Así, «para crear territorios competitivos y ecosistemas mucho más productivos, lo que necesitamos es certidumbre económica, certeza jurídica y, sobre todo, estabilidad institucional», de modo que, «si cada día un gobierno, sea del color que sea, se va a preocupar de dar noticias sorprendentes para los inversores, lógicamente la inversión se marchará a otro territorio», y se irá «a Italia o al Reino Unido», donde «están, por cierto, deseando recibir a estos inversores», porque en Londres, en concreto, «no les ponen ningún tipo de problema, porque ya no están en la Unión Europea, y también nos vamos a encontrar con otros países que nos van a hacer la competencia, como Portugal o Italia».
«Es decir, yo creo que tenemos que ser serios y responsables. Esto no ayuda a los inversores, esto lo que hace es provocar que el destino sea menos competitivo y hasta la fecha, desde el año 2013, que es cuando se puso en marcha esta medida, pues han sido unos 15.000 o 16.000 los permisos de residencia solicitados. Estamos hablando de personas que han invertido su capital, que han trasladado a sus familias, que vienen con una vida regularizada y que vienen a crear normalmente una actividad económica o, sencillamente, a vivir con sus familias y a crear también una economía en torno a su propio proyecto de vida. Creo que eso no hacía ningún daño», ha concluido.
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