El nuevo fiscal delegado en la provincia de Barcelona para la protección de personas mayores y con discapacidad, Antoni Torres, ha señalado que «ni de lejos» tienen suficientes medios para el trabajo que tienen que abarcar.
En una entrevista de Europa Press, Torres ha hecho referencia a la ley que en 2021 eliminó la incapacidad asociada al tutor y la sustituyó por la figura del asistente, para lo que debían revisarse todas las sentencias de incapacitación dictadas hasta entonces en un plazo de tres años.
Estos tres años se cumplirán este año, y Torres augura que «difícilmente se cumplirá» con el mandato de revisar todas las incapacitaciones, para lo que hace falta evaluar cada caso, y solo en uno de los cuatro juzgados especializados en Barcelona hay cerca de 10.000 casos por revisar.
«Es mucho trabajo, todo el mundo lo dice. Es una ley que requiere muchos medios y poco a poco se están dando, pero ni de lejos tenemos suficiente, ni de lejos» señala Torres, que también pone en valor el espíritu de la reforma legal al adaptarse a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Torres, que fue fiscal jefe de Ibiza, lleva más de 11 años ejerciendo en Barcelona, desde el principio en la especialidad de protección a mayores y personas con discapacidad, señala que desde su especialidad «se intenta, sobre todo, evitar que alguien sustituya a la persona con discapacidad y tome las decisiones» en su nombre.
Añade que revisar las incapacitaciones es solo una parte del trabajo que tienen, porque además de los casos anteriores a la ley siguen llegando nuevos, y también se dedican a tareas como la protección de patrimonios y a hacer seguimiento de la situación en las residencias, donde la preocupación por el Coronavirus ha quedado atrás y revisan aspectos como que las contenciones mecánicas o farmacológicas se hagan con prescripción médica, consentimiento familiar y proporcionalidad.
Menos intromisión
«Los abusos patrimoniales, posibles estafas, fraudes a gente mayor que quizás tiene un cierto deterioro, que tiene buena fe y confía en otros... Se dan. Nosotros somos conscientes de eso», y añade que aún así la última reforma legal en esta materia está encaminada a que la administración y la justicia se entrometan lo menos posible en la vida de las personas.
Algunas veces reciben avisos de posibles engaños a ancianos, por ejemplo por parte de alguien que se ha ofrecido a cuidarles y utiliza sus cuentas bancarias, pero no siempre pueden intervenir: «Cada uno es libre de confiar en quien quiera. Si estás bien de salud psíquica y física, y tienes autonomía y voluntad, tienes derecho a que no se metan contigo, ni la administración, ni el Estado, ni los servicios sociales».
«Tenemos que jugar entre dos tensiones, entre la autonomía y la libertad de la gente y que nadie abuse de alguien que quiere ser libre pero que, debido al deterioro cognitivo que tiene, no valora la realidad de la situación», y ha subrayado que si la persona está sana se le deben garantizar los mismos derechos a los demás para decidir sobre cómo gastar su dinero, por ejemplo.
En cambio, sí intervienen en los casos donde con criterio médico se ha acreditado que la persona no es consciente o capaz de decidir, y en estas situaciones se designa un defensor judicial para que administra las cuentas del afectado, y Torres admite que algunos «se enfadan, no lo entienden».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.