El índice de precios del alquiler estatal y la declaración de las 140 áreas tensionadas propuesta por la Generalitat se han publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la regulación entrará en vigor este sábado, con el sector inmobiliario en contra y el aval del Sindicat de Llogateres.
Se trata de un sistema de rango de precios homogéneo para todo el territorio nacional que establece precios máximos y mínimos para una vivienda a partir de las características de la misma.
El índice es de base tributaria, por lo que se ha utilizado la última declaración de la renta de los distintos propietarios, que en el caso de este año será la de 2022, y se actualiza anualmente.
Se aplica territorialmente cuando una comunidad autónoma solicita declarar una zona como área tensionada, ya que la competencia en materia de vivienda es de las administraciones regionales, y solo Catalunya ha pedido declarar 140 municipios como áreas tensionadas.
La regulación servirá para los contratos firmados a partir del 16 de marzo y, aunque no contempla un régimen sancionador, los usuarios podrán alertar de su no aplicación a la Agència Catalana del Consum.
Para los alquileres que se renueven, el nuevo contrato estará referenciado al anterior, es decir, no se podrá subir la renta, y solo se podrá bajar a partir de la negociación entre arrendador y arrendatario con el índice como referencia.
Si la vivienda es de un gran tenedor --que tenga más de cinco inmuebles, en el caso de Catalunya-- el precio del nuevo contrato no solamente tendrá en cuenta el contrato anterior, sino que además se hará la referencia con el sistema de precios de alquiler y se tendrá en cuenta el más bajo.
El índice catalán
Para la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, la regulación cuenta con la «visión homogeneizadora del Estado» y rompe el acuerdo que cerraron con el Gobierno en enero para trabajar sobre un sistema de índices en lugar de baremos, como ha sido finalmente.
Según defendió en el Parlament, el sistema de índices catalán «es más fiable, reconoce más las circunstancias que se producen en las ciudades y pueblos» y asegura una bajada de los precios.
Oferta a la baja, según los promotores
La presidenta de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval), Helena Beunza, que representa a unos 6.000 propietarios, mayoritariamente pequeños propietarios, ha criticado que las medidas de control de precios no favorecen el incremento de la oferta de vivienda asequible, sino que «consiguen el efecto contrario».
«Creemos que la inversión se va a retraer en las zonas donde exista un control de precios», ha analizado y ha dicho que el tope del alquiler es una medida excepcional en el tiempo que debería ir acompañada de medidas para incrementar la oferta de viviendas.
El consejero delegado de la firma de gestión y administración de fincas GuinotPrunera, Jordi Tomás, ha coincidido en que la regulación parece «muy golosa si no analizas las consecuencias», que pasarán por una disminución de la oferta de pisos de alquiler.
Esta se producirá porque los pequeños propietarios pasarán de ofrecer viviendas de alquiler habitual a venderlas o destinarlas a alquiler turístico o temporal y los grandes propietarios destinarán sus inversiones a otros territorios del Estado: «Hay un agravio comparativo».
Sindicat de llogateres pide sanciones
La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha celebrado que la regulación supone «un cambio de paradigma brutal», ya que se prohíben las subidas de los alquileres, y ha apostado por un régimen sancionador para quien incumpla el reglamento.
A su juicio, la Generalitat debería promover una campaña publicitaria para dar a conocer la nueva regulación, como han hecho en otras ciudades como Londres o Berlín, y ha animado a los inquilinos a negociar con los propietarios sus alquileres, aunque tengan una fecha anterior a la normativa.
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