El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha lamentado el rechazo del Congreso de los Diputados a la proposición de ley aprobada en la Comunidad de Madrid para que los parlamentos regionales dejen de nombrar jueces para los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Un rechazo de PSOE, Sumar y sus socios de Junts, PNV y BNG que para García Martín supone un nuevo intento de el Ejecutivo central y los partidos que lo apoyan de «poner sus manos sobre la Justicia» para «poder tapar» la Ley de Amnistía que se está debatiendo en la Cámara baja o «poner el 25% de la Justicia autonómica en los Tribunales Superiores de Justicia autonómica».
«Lo que proponíamos era algo tan simple como que los jueces pudieran elegir a los propios jueces. Sin embargo todos vimos como por desgracia en el Congreso de los Diputados, una vez más, Pedro Sánchez, el Gobierno, Sumar, Junts, PNV y BNG rechazaban esta propuesta del Parlamento autonómico para que se dejara de proponer magistrados de las salas de lo civil y de lo penal de los Tribunales Superiores de Justicia», ha explicado el portavoz del Ejecutivo madrileño en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este miércoles en Leganés.
García Martín ha insistido en que «mientras que desde algunos gobiernos como el de Madrid» se trata de «dotar de medios» y «garantizar esa independencia judicial», ven cómo «una vez más», el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «y sus socios parlamentarios» lo que quieren es «seguir tratando de poner sus manos sobre la justicia».
"tapar corrupción política y económica"
«Y entiendo que lo hacen para poder tapar esa Ley de Amnistía, poner el 25% de la justicia autonómica en los Tribunales Superiores de Justicia Autonómica o para tapar todos los asuntos que les afectan tanto de corrupción política como de corrupción económica», ha apostillado el consejero.
La propuesta es una iniciativa legislativa que la Asamblea de Madrid aprobó en febrero de 2023 antes de remitirla al Congreso, ya que implica modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El texto ya llegó la pasada legislatura a la Cámara baja, pero no pudo debatirse por la disolución de las Cortes.
Con solo dos artículos, la reforma madrileña se centra en el proceso para nombrar magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Apuesta por que esas plazas se cubran con magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «en favor de quienes llevando diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y acreditando especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma, tengan mejor puesto en el escalafón», dejando fuera del sistema de elección a los Parlamentos autonómico para profundizar en la apariencia de independencia de la Justicia.
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