De esta nueva exigencia socialista sobre la gestión de la sanidad pública andaluza ha dado cuenta este martes en rueda de prensa el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, Rafael Márquez, que se suma así a la que hizo este partido este lunes para crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la contratación sanitaria de emergencia en la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023 durante la pandemia de coronavirus.
Márquez ha contrapuesto pasar de «esa barita mágica de dos macroconciertos», que la Junta de Andalucía blandió en el último cuatrimestre de 2023, que ahora «deja aparcados» para volver a recurrir «a las contrataciones a dedo, sin publicidad, sin transparencia, pese a comprometerse a que lo iba a abandonar», de lo que ha colegido que se trata de «una decisión de enorme repercusión».
Tras recordar que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía «tumbó» el acuerdo marco de pruebas diagnósticas por el recurso de una empresa, Márquez ha señalado que el Gobierno andaluz afirmó entonces que se trataban de «defectos formales que estarían solucionados en pocos días», ahora, con esta nueva hoja de ruta con el plan de choque contra las listas de espera, «el tiempo nos ha dado la razón», por lo que se ha preguntado si el Gobierno andaluz «no ha podido o no ha querido» diseñar «un concurso con publicidad y transparencia» y ha colegido que «las contrataciones a dedo son el modus operandi del gobierno de Moreno Bonilla».
El también portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, quien ha asegurado que en la actualidad los contratos negociados sin publicidad suman 120 millones para un período de 6 meses, cuando en otro momento fueron 66,6 millones y que «cuatro años después nos vamos a dejar el doble para el mismo periodo», ha argumentado que la Junta de Andalucía recurre a un procedimiento de contratación «que forma parte de un sistema exprofeso con apariencia de legalidad» y ha blandido entonces que «los socialistas tenemos serias dudas de las contrataciones a dedo por la vía de emergencia».
Márquez ha preguntado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que «si todo está conforme, correcto, qué tiene que temer» sobre esa comisión parlamentaria, y por ello le ha instado a aclarar «si va a aceptar la comisión de investigación para analizar los contratos de emergencia entre 2020 y 2023».
El portavoz adjunto socialista ha defendido la creación de esa comisión parlamentaria con «un triple objetivo», que es evaluar si la contratación sanitaria de emergencia «se ajusta al ordenamiento y al procedimiento establecido», si ha valido para reducir las listas de espera y si hay «una correcta gestión de los recursos públicos», por lo ha inferido que «es conveniente que se investigue».
Rafael Márquez ha recordado que la instrucción 1/2021 de la Dirección General de Contratación de la Consejería de Economía estableció el fin del procedimiento de contratación de urgencia, así como que el Gobierno andaluz durante «al menos dos años de esta forma derivó 240 millones a la sanidad privada», cifra que ha asegurado son «156 millones más de lo inicialmente previsto», por lo que ha instado a que «se analice en sede parlamentaria, como se hace en otros parlamentos».
Después de poner de manifiesto que «la derivación masiva de fondos hacia la sanidad privada es un grave error, no ha dado los resultados esperados» y que se trata, por tanto, de «una receta equivocada de la fracasa obsesión por debilitar la sanidad pública, por detraer recursos en beneficio de la privada», el parlamentario del PSOE ha asegurado que en 2023 el Gobierno andaluz derivó 565 millones hacia la sanidad privada, un 54% más que el último Gobierno socialista, que destinó 235 millones en 2018.
Con la premisa de que las listas de espera «van aún a peor», Márquez ha sostenido que «algo falla en esta ecuación» y ha demandado a la Junta de Andalucía «sentido común para cambiar la hoja de ruta» de la gestión de la sanidad pública, aunque se ha lamentado de que «está lejos de dar un giro de 180 grados, como le piden los profesionales, los sindicatos y los usuarios».
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