Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos (i), interviene durante el acto de apertura del año judicial en Catalunya, a 21 de septiembre de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). | David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto una pieza separada por la recusación que el presidente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, ha presentado contra el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, por sus declaraciones sobre la aplicación de la ley de amnistía.

En una diligencia consultada por Europa Press este lunes, el letrado de la Sala Civil y Penal del TSJC ha tomado esta decisión tras recibir la petición de Jové de apartar a Barrientos del juicio previsto para abril, en el que está acusado de presunta desobediencia en los preparativos del 1-O junto a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, y el exsecretario de Hacienda y ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

Barrientos ya fue apartado de la causa contra la Mesa del Parlament que presidió el ahora conseller Roger Torrent por ponerse en duda su imparcialidad, y en 2022 el Tribunal Supremo (TS) ordenó al TSJC repetir el juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell --Anna Simó, Lluis María Corominas, Ramona Barrufet y Lluis Guinó-- porque dos magistrados, el propio Barrientos y Carlos Ramos, habían vulnerado el principio de imparcialidad.

En esta ocasión, la defensa de Jové hace referencia a un discurso de Barrientos en febrero durante el acto de toma de posesión de la nueva promoción de jueces, en el que criticó: «Una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia en los debates académicos suscitados por la llamada ley de amnistía».

Para la defensa de Jové, las declaraciones de Barrientos sobre la aplicación de la amnistía suponen «una pérdida de imparcialidad objetiva» que debería impedirle formar parte del tribunal que juzgará a Jové.