El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una propuesta de resolución transaccionada entre PSC-Units y Junts que pide establecer una Renta de Protección Agraria Excepcional que haga las funciones de renta mínima agraria que permita «ser activada rápidamente en casos de emergencia».
En el marco del pleno monográfico de agricultura y ganadería, esta iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, Junts, CUP, Comuns y PP, el voto en contra de Vox y la abstención de Cs.
Esta proposición también reclama establecer un sistema de anticipos a los jóvenes agricultores que se incorporen al sector, para que puedan «disfrutar de la liquidez suficiente para hacer frente a las inversiones» de su primer periodo de incorporación y que esto facilite el relevo generacional en el sector.
Además, el texto de PSC y Junts apuesta por incrementar la pensión de jubilación de trabajadores autónomos del primer sector y por «revisar y ajustar sus cotizaciones a la Seguridad Social».
Sin embargo, el Parlament ha rechazado una proposición transaccionada de ERC, CUP y los Comuns que pedía presentar a lo largo de 2024 un estudio sobre la creación de una distribuidora pública alimentaria, que tuviera como objetivo «compras a precios justos, estableciendo contratos de suministro con productores locales».
Ley de la cadena alimentaria
El Parlament ha aprobado todas las propuestas relativas a la Ley de la Cadena Alimentaria, planteadas por ERC, los comuns, la CUP, Cs y el PP: mientras que la de los republicanos pide modificar el texto para que «regule de manera efectiva la cuota específica de posición de dominio» y prohíba la venta a pérdidas, los comuns reclaman revisar su cumplimiento.
La CUP aboga por garantizar que las distribuidoras paguen un precio justo de compra para los productores con una modificación del texto, Cs garantizar los principios de la Ley para que los agricultores reciban precios justos y el PP el «equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica».
Pac
Respecto a la Política Agraria Común (PAC), la Cámara catalana ha aprobado instar al Estado a facilitar la «descentralización» del Plan Estratégico y transferir a la Generalitat la capacidad de modificación, como pedía ERC.
También la propuesta de los comuns de revisar la normativa europea «modulando las medidas burocráticas» y fijando ayudas a los costes, y la propuesta del PP, que aboga por flexibilizarla para reducir los trámites burocráticos existentes.
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