El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que este jueves mantendrá la reunión prevista con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para abordar el problema de la sequía, tras mantener ayer una conversación con ella al hilo de la polémica surgida sobre el artículo del decreto-ley de Simplificación Administrativa, aprobado por el Gobierno autonómico, que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas.
«No pasa absolutamente nada; por parte de los representantes del ministerio, ha habido una interpretación de un decreto que tiene 500 hojas, que afecta a todas las consejerías y que es para el conjunto de Andalucía», ha señalado Moreno, apuntando que se ha interpretado por parte del equipo del ministerio «que había alguna causa que podría revertir la situación de los suelos» en el entorno del parque de Doñana.
Así se ha pronunciado Moreno este martes, en declaraciones a los periodistas en Madrid, con motivo de su asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, y al hilo de que Teresa Ribera anunciara ayer que lo llamaría para trasladarle su «preocupación» y «sorpresa» por que el hecho de que el cuarto decreto-ley de simplificación administrativa incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitiría «legalizar» a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Parque Nacional de Doñana.
El presidente ha indicado que no está de acuerdo con esa interpretación, pero que, en cualquier caso, como tienen «plena voluntad de acuerdo con el Gobierno de España y el interés general prima por encima de cualquier otra cosa, no vamos a tardar ni diez minutos en ponernos de acuerdo para que no haya ningún problema ni con Doñana ni con acuerdos del agua».
«Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo, sino que queremos el interés general», ha indicado Juanma Moreno, quien ha recalcado la voluntad de su Gobierno de sentarse con el ministerio para que sus representantes aclaren «qué no les gusta» de ese artículo del decreto ley de Simplificación Administrativa y que se «modifique» para que se sientan «a gusto» con la interpretación del texto.
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