El jurado popular del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla contra el teniente de la Guardia Civil acusado de presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto prevé dar lectura de su veredicto este viernes a partir de las 10,00 horas, según ha informado al TSJA, toda vez que durante la fase de conclusiones, la Fiscalía rebajaba dos años y tres meses, o sea de 14 años y cuatro meses a 12 años y un mes, su petición de cárcel para este agente, Raúl P.M., juzgado junto a sus dos presuntos compinches.
En concreto, en su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pedía para el teniente de la Guardia Civil Raúl P.M. ocho años de cárcel y 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un delito continuado de cohecho. Además, le reclamaba otros cuatro años de cárcel y una multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años más de cárcel por un delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.
Empero, merced a la evolución del caso, en el trámite de conclusiones finales, el fiscal modificaba dicho escrito, considerando que los citados delitos de tráfico de drogas y de hurto, asociados a la operación presuntamente promovida por el agente para robar junto a sus supuestos secuaces 29 fardos de hachís del depósito de la Comandancia de Montequinto, tienen el grado de tentativa y no de consumados, al haber sido frustrada la operación con el arresto de los tres inculpados y la intervención de la droga.
"siempre bajo control policial"
Según el fiscal, dado que en todo momento Asuntos Internos tuvo constancia de la operación y estuvo siguiendo a los acusados, la droga en cuestión, recuperada al ser truncado el robo, «siempre estuvo bajo control policial» y fue «aprehendida» una vez detenidos los dos presuntos colaboradores del agente cuando los mismos intentaban salir de la Comandancia de Montequinto a bordo de una furgoneta donde habían cargado los 29 fardos de hachís.
Como consecuencia de esta rebaja de la calificación de los delitos de tráfico de drogas y hurto desde la inicial de consumados a la definitiva de tentativa, el fiscal redujo de cuatro a tres los años de cárcel pedidos para Raúl P.M. por el delito de tráfico de drogas y de dos años a nueve meses de prisión en el caso del supuesto delito de hurto, con lo que en términos globales, la pena que solicita para el agente cae de 14 años y cuatro meses de cárcel, a 12 años y un mes de prisión.
La defensa de Raúl P.M., de su lado, pedía la absolución del agente, bajo la premisa de que el mismo sería un «chivo expiatorio», solicitando que se apreciase un delito provocado.
Según dijo en su comparecencia previa el responsable de la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil encargado de este caso, las pesquisas desplegadas en torno al teniente Raúl P.M., de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Sevilla, comenzaron después de que un «compañero» de dicho efectivo alertase de sus «comportamientos extraños».
Consultas ajenas a sus "misiones"
Tras ello, según su narración, Asuntos Internos comprobó cómo el 4 de marzo de 2019, este teniente consultó en los archivos policiales la información correspondiente a un narcotraficante que caería en mayo de ese año junto con unos 1.100 kilos de cocaína. En ese momento, según su relato, a él y a su equipo ya les llamó la atención dicha consulta porque en el área de Seguridad Ciudadana, este agente no tenía «misiones» que le condujesen a una figura para la cual la Guardia Civil ya cuenta con una unidad especializada.
Posteriormente, y una vez abierta una «pieza separada» por parte del Juzgado Central de Instrucción número cuatro, que indagaba al citado narcotraficante, fue acordado introducir en el asunto un «agente encubierto», un mando de la Guardia Civil que según Raúl P.M. era su «amigo y referente» profesional, culpándole a él de ser un «corrupto» que le condujo por «derroteros» por los cuales afronta una petición de 14 años y 14 meses de cárcel por parte de la Fiscalía.
Este «agente encubierto», según el responsable de Asuntos Internos, mantuvo un «engaño» durante unos 18 meses, haciendo creer al teniente acusado que trabajaba para él facilitándole información exclusiva de asuntos relacionados con el narcotráfico, a la que podía acceder por su cargo de responsable de la unidad de drogas.
Un teléfono "excepcional"
Así, el agente encubierto comenzó a grabar sus conversaciones con Raúl P.M., cuyos dos teléfonos móviles fueron además intervenidos, según este responsable de Asuntos Internos.
Según la Fiscalía, el acusado proporcionaba a miembros de los grupos criminales del narcotráfico información cosechada de las bases de datos policiales de personas y vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas, a cambio de dinero.
Para ello, se servía del segundo acusado, quien «tenía contacto directo con las personas que se dedicaban al tráfico de drogas y era el intermediario», captando además al que resultaría ser el agente encubierto, para que «colaborara con él» cosechando información sobre investigaciones de narcotráfico a la que podía acceder por ser miembro de la Policía Judicial.
Así, el agente de Asuntos Internos narró cómo su equipo comprobó que Raúl P.M. entregó al agente encubierto partidas de 6.000 euros, 2.000 euros, 700 euros y 2.000 euros más, por sus «gestiones» a la hora de obtener información y para que continuase trabajando para él, que de otro lado recibía ingresos por trasladar dicha información a miembros del narcotráfico, según este investigador.
Al punto, destacaba el «afán» del acusado por «conseguir dinero como fuese», así como su especial interés por «llevarse mercancía», en alusión a apropiarse de partidas de droga.
Ello le llevó a rememorar el asunto de la noche del 7 de agosto de 2020, para la cual el acusado, según su relato, habría diseñado un inicialmente «descabellado» plan para hacerse con numerosos fardos de hachís que habían sido depositados en la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto, sustituyendo los bultos por otros rellenos con arena y otros materiales. Según este investigador, Raúl P.M. animó a sus presuntos secuaces a acometer esta operación porque era «un pelotazo» con el que ganarían «mucho dinero».
Casi 30 fardos de hachís
Según su relato, en la Comandancia de Montequinto, el teniente y los dos acusados restantes se hicieron con 29 fardos de hachís que cargaron en una furgoneta a bordo de la cual iban los dos restantes inculpados, dejando en su lugar sólo 16 fardos de sustitución, una actuación seguida de cerca por Asuntos Internos, que decidió intervenir.
Finalmente, los dos presuntos colaboradores del teniente fueron detenidos al intentar salir de la comandancia a bordo de la furgoneta que cargaba los fardos, mientras Raúl M.P. era arrestado cuando se dirigía en un vehículo oficial hacia la finca de uno de los dos citados y presuntos colaboradores, donde según el plan iba a ser depositada la droga robada.
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