El colectivo señala que los habitantes de Palomares han sido «sometidos» a «experimentos científicos sin su consentimiento» y afirma que se «ha permitido que ingirieran e inhalasen partículas radiactivas» con el «objeto de investigar» las consecuencias del «plutonio en la salud» hasta el «año 2009», en el marco del proyecto 'Índalo' acordado entre España y EEUU, lo que califica como «trato degradante».
«La contaminación radiactiva en Palomares es un caso único en la historia de España aún está pendiente de resolver y ningún gobierno español adoptó medida paliativa alguna, siendo la única el vallado de gran parte de la zona afectada que culminó en 2011 aunque a fecha de hoy siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan personas y ganado libremente», indica.
La demanda solicita al TEDH que entre en el «fondo del problema» que se da en Palomares, reconociendo este extremo, y le pide también que revoque la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de noviembre de 2022 que consideró que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no era el competente para ejecutar la limpieza de la radiactividad en la zona, pero no determinó qué organismo era el responsable.
Ecologistas en Acción argumenta que el accidente en la pedanía de Palomares, del que aún «queda por resolver la fase de recuperación prevista en la ley», fue «mal gestionado» desde el principio, «ocultando la situación y utilizando a población, fauna doméstica y silvestre y medio ambiente en general de laboratorio a cielo abierto», tal y como lo denominó el voto particular emitido por
Remarca en la demanda que los «sucesivos» gobiernos en España desde 1966 han usado «como disculpa» para no rehabilitar la zona la necesidad de disponer de un almacén nuclear apto y definitivo para guardar el material radiactivo de larga duración resultante de la limpieza y se cuestiona por qué «ningún gobierno» ha considerado «necesario el construir un almacén temporal individualizado en Palomares».
«Prefieren utilizar como disculpa para no limpiar la falta de almacén nuclear definitivo y el desinterés de EEUU por llevarse el plutonio», subraya para añadir que EEUU realizó una limpieza «simulada» con el traslado de «1.000» metros cúbicos de tierra «que contenían unas decenas de gramos de plutonio», mientras que «nuevos kilos restantes» quedaron «esparcidos por la zona» junto a dos «zanjas», una de «3.000 y otra de 1.000» metros cúbicos, en las que «depositaron material radiactivo».
España "ha impedido" su "acceso a la justicia"
Ecologistas en Acción también alega ante Estrasburgo que España «ha impedido» su acceso a la justicia durante la tramitación del pleito ante la Audiencia Nacional en la que pedía que se obligase al CSN a fijar plazo para la limpieza de «50.000 metros cúbicos» de tierra contaminada.
Precisa en la demanda que «estando pendiente» la sentencia en casación de este pleito en el Tribunal Supremo (TS), el Real Decreto de medidas urgentes por la guerra en Ucrania del Gobierno «atribuyó» al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) «las competencias que eran del CSN, entre otras, fijar plazo para limpiar Palomares».
Considera que este cambio legislativo «estaba dirigido únicamente» a «hacer perder» el pleito a Ecologistas en Acción cambiando el sujeto pasivo y subraya que, «después de 57 años», ampliar las competencias del Miteco en esta materia «carecía de toda urgencia».
Explica también la demanda que hace «ya» dos años de la entrada en vigor« de esa normativa sin que »nada haya variado en la gestión del accidente de Palomares« ya que es »público y notorio« que el ministerio »no ha hecho actuación alguna« y el CSN »continúa actuando como lo venía haciendo hasta ahora".
«Tras la publicación del real decreto-ley no hay dudas de que la competencia para ordenar la limpieza es ahora del Miteco y del CSN, pero cuando Ecologistas en Acción presentó la demanda a la Audiencia Nacional era exclusivamente del CSN», asegura.
La demanda, que solicita al TEDH que dicte una sentencia teniendo en cuenta que el organismo competente es el regulador atómico, concluye asegurando que España «no solo ha impedido el acceso a la justicia al cambiar el sujeto pasivo, sino que ha puesto en riesgo la vida de las personas y se las ha sometido a un trato degradante para experimentar las consecuencias de la radiactividad en la salud».
Labores de remediación "pausadas"
Un reciente informe gubernamental al Senado de EEUU reconoce que España «sigue sufriendo los efectos» de las «actividades nucleares» del país norteamericano durante la 'Guerra Fría' con la presencia de «contaminación residual» en Palomares (Almería) que «supera los niveles» de la normativa europea, pero no insta ni recomienda la adopción de ninguna «medida ejecutiva».
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU recoge que su «ayuda» es «vital» para que España «solucione» el «problema» y recoge las «negociaciones» entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el español, Pedro Sánchez, comunicadas por la Casa Blanca en mayo de 2023, para «continuar saneando Palomares».
El informe datado el 31 de enero apunta, asimismo, que las actividades de «remediación» en este emplazamiento «se han pausado» mientras que España «sigue negociando con la esperanza de alcanzar un acuerdo final vinculante con Estados Unidos» y traslada que los programas de vigilancia en la zona «son apropiados y eficientes» y que el «impacto radiológico potencial para el público parece ser muy pequeño».
Los últimos resultados hechos públicos en el marco del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población (PVRA) de Palomares indican que los casi 400 análisis realizados a muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio un total de 112. No obstante, en todos estos casos, los valores detectados «son inferiores a los niveles de referencia» que están fijados en el citado plan.
Según el muestreo, los valores de concentración de actividad hallados en el último muestreo dado a conocer son «similares» a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que «la evolución temporal del nivel de contaminación» en la última década «se ha mantenido estable».
Hace dos años, el Gobierno decidió expropiar forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de 32,4 hectáreas tras un informe del Ciemat que indicaba que «no era aconsejable» una «nueva prórroga» de la ocupación temporal que se decretó en 2010, y tampoco de los contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas.
La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.
Una promotora inmobiliaria concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.
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