La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha pedido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que el Gobierno central eleve la financiación para la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid y en el resto de España «al 50%», en los «mismos términos y plazo de ejecución» que para el País Vasco.
Según ha explicado la consejera tras reunirse con Bustinduy este martes, en el acuerdo de noviembre pasado firmado entre PSOE y PNV se estableció que «se abonará por parte del Estado a la comunidad autónoma vasca el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo», algo que, recuerda, es «exactamente lo mismo han pactado con el Bloque Nacionalista Gallego en su acuerdo para investir a Pedro Sánchez» como presidente del Gobierno, lo que genera, ha lamentado, «nuevas desigualdades entre españoles», en este caso «mayores y dependientes».
En declaraciones facilitadas por la Consejería, Ana Dávila ha recordado que el año pasado la financiación por parte del Gobierno central en dependencia «apenas alcanzó el 31% del total de la inversión destinada a personas dependientes» en la región, mientras que el resto «lo financió la Comunidad de Madrid», el 69%.
La Ley de Dependencia establece que la aportación de la Comunidad «será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado», explica Dávila, quien advierte que, en cambio, Madrid aporta «más del doble de lo que asignan los Presupuestos Generales del Estado en la región».
«Si el Gobierno hubiese igualado el 50% financiado por la Comunidad de Madrid en 2023, se destinarían más de 270 millones adicionales con los que se podría dar cobertura y atención residencial por ejemplo a 10.000 personas mayores o casi 7.000 personas con discapacidad», ha abundado la titular de Asuntos Sociales.
"dudas" sobre el programa de alimentos básicos
Por otra parte, Ana Dávila ha pedido en su reunión con el ministro que el Ejecutivo central aclare «todas las dudas» para el desarrollo del nuevo programa de alimentos básicos para población vulnerable a través de la tarjeta monedero aprobado por el Gobierno y que «no pudo poner en marcha el Ministerio el año pasado por falta de previsión del anterior equipo ministerial».
«El Ministerio de Derechos Sociales va dos años tarde, incumpliendo sus propios compromisos, y ahora saca por emergencia un contrato para cubrir el periodo de abril a diciembre con una tarjeta provisional que va a dejar fuera al 70% de las personas vulnerables que ahora acuden a los bancos de alimentos», ha concluido Dávila.
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