En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el letrado Francisco José Pérez ha informado de que tanto él, como el abogado Antonio Granados, han presentado este lunes un recurso de apelación ante la Audiencia al entender que «los hechos punibles que pudieran considerarse desgraciadamente son constitutivos de un homicidio con dolo eventual», algo que «está tipificado en la justicia ordinaria y no en la militar», ha aclarado.
Al respecto, ha mantenido que «los hechos ocurridos, que finalizaron con la muerte de los dos militares, no pueden relacionarse bajo ningún concepto con delitos que aparezcan en el Código Penal Militar», al tiempo que ha subrayado que «la justicia ordinaria es mucho más garantista», de ahí que haya defendido que «el procedimiento se debe seguir en la justicia ordinaria y no debe inhibirse a la justicia militar».
En este sentido, el abogado ha remarcado que el caso «aún se encuentra» en Instrucción 4, «puesto que está recurrido el auto y no es firme», aunque «cosa distinta es que desde la justicia militar se haya iniciado otro procedimiento paralelo», si bien ha advertido de que «no pueden darse dos procedimientos sobre el mismo hecho, que puedan castigar dos veces». «Es un principio básico del Derecho», ha apostillado.
Por tanto, Pérez ha apuntado que «los tribunales superiores, en este caso la Audiencia Provincial de Córdoba y el Tribunal Central Militar, cuando resuelvan ambos recursos, decidirán bajo su conocimiento qué juzgado debe ser competente para conocer de los determinados delitos».
"sabían que podía ocurrir una desgracia"
Mientras, el letrado ha explicado que «las muertes se produjeron por separado» en las maniobras, donde «no se produce por ninguno de los instructores las medidas de seguridad competentes», de manera que «todo el mundo sabía que podía ocurrir una desgracia con el desempeño del ejercicio, dado que era totalmente imposible realizarlo por personas normales y corrientes e incluso por militares profesionales con amplia experiencia, como era el caso del cabo Jiménez».
Así, ha destacado que «era un joven condecorado, con dos medallas por dos procedimientos internacionales, con más de once años de servicio y que sabía nadar perfectamente», así como «con unas condiciones físicas extraordinarias», pero «pese a eso no pudo superar las adversidades climatológicas y no pudo ampararse en ninguna medida de seguridad, dada cuenta de que eran inexistentes», ha lamentado.
Además, ha manifestado sobre las mochilas que «no se comprobó que flotaran, que llevaran los elementos necesarios y muchas de ellas llevaban un peso extra, como aparece registrado», con «una sobrecarga de tres kilos y medio, debido a un supuesto castigo que llevaba una parte del pelotón por una acción mal realizada», de modo que «esto desembocó, tristemente, en un aumento de peso de considerable efecto a las mochilas», ha enfatizado, puntualizando que «muchas de las mochilas iban con 13 kilos».
Igualmente, el abogado ha indicado que «hay un atestado inicial, una ampliación del atestado y otra parte del mismo que está en un sobre cerrado», de forma que considera que «por la importancia del contenido de la documentación y que hasta tanto no se determine qué juzgado va a ser competente, no se va a aperturar el mismo».
"nunca más vuelva a repetirse"
Entretanto, Francisco José Pérez ha declarado que «el único interés es que se haga justicia». «No vamos a poder conseguir el objetivo de este procedimiento, puesto que ni el cabo ni el soldado, por desgracia, van a volver, pero queremos conseguir que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse y que cada vez que se desarrolle algún tipo de actividad con determinada dificultad o que incluso puedan suponer un agravio o peligro para cualquier tipo de persona que desempeñe funciones militares, que se cumplan con todos los elementos de seguridad para evitar muertes tan trágicas e innecesarias como en este caso», ha transmitido.
En este caso, el Juzgado Togado Militar ha dictado un auto «incoando sumario e imputando», por tales hechos, «al capitán» de la compañía de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X a la que pertenecían los militares fallecidos, y también «a uno de los tenientes y uno de los sargentos, por un presunto delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio».
Así lo ha dado a conocer el viernes el abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado fallecido, Carlos León, quien ha explicado que la imputación de los dos oficiales y el suboficial se debe a que «las medidas de seguridad no cumplieron su función ese día y porque no había en este caso una línea de vida», cuando los militares fallecieron ahogados al atravesar un lago, durante un ejercicio.
A ello se suma, según ha precisado el letrado de la acusación, que las mochilas que portaban los militares y «que debían servir de flotador, no estaban debidamente estandarizadas y tenían un sobrepeso, muchas de ellas de tres kilos y medio, por lo tanto no eran aptas, entre otros motivos», para usarse en dicho ejercicio.
En este sentido, ha manifestado que «no se trató de un mero accidente, sino que hubo un cúmulo de negligencias y falta de diligencias en la sumersión de unas 20 personas, entre ellas, 15 soldados, en un lago que estaba helado, casi congelado, y en unas circunstancias que no eran las idóneas y se tenía que haber paralizado tal ejercicio».
Por eso, ha lamentado que hubo dos fallecidos; dos afectados por «una grave hipotermia, uno entró en parada cardiorrespiratoria que se pudo recuperar», y al día siguiente, «dos o tres más tuvieron que ser hospitalizados», de forma que «casi la mitad de los que se sumergieron en el lago casi congelado».
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