El Partido Popular (PPCV) ha instado a la exconsellera de Justicia y ahora vicepresidenta segunda de Les Corts, Gabriela Bravo, a asumir «sus responsabilidades» por «el despilfarro» y «descontrol» de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) al «intentar colar 1.800 nuevos empleos públicos en las puertas de las elecciones del 28M».
Así se ha pronunciado la portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, quien ha señalado que «este es otro caso más de los que han llevado a poner en marcha una Comisión de investigación en Les Corts sobre las irregularidades del sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023».
En lo relativo al SGISE, ha remarcado que, «según el informe de la Dirección General de Presupuestos, durante el año 2021 se han certificado 1.076 perceptores de retribuciones mientras que, solo se han abonado retribuciones a 922 perceptores, otra irregularidad más». «El actual Consell tiene como objetivo arrojar luz a este asunto tan turbio», ha sostenido Chulià, según ha indicado la formación en un comunicado.
«La gestión del personal ha sido completamente ineficiente, especialmente en la tramitación de las altas y las bajas, donde se abonaban indemnizaciones por despido a trabajadores que eran contratados inmediatamente después de satisfacerse las indemnizaciones», ha criticado.
Chulià ha recalcado que en el área de contratación «se ve como la gestión no se ajusta a la normativa aplicable y se detectan incumplimientos, como el elevado riesgo de incurrir en fraccionamiento indebido de contratos».
La diputada 'popular' ha subrayado que «el PSPV no puede seguir escondido en sus luchas internas, deben dar la cara y explicar este descontrol en el gasto público». «En este caso debe ser quien ostentaba la Conselleria de Emergencias, quien con estos datos que ahora hemos conocido, demuestra una vez más su nefasta gestión al frente de la misma», ha apuntado.
La portavoz adjunta del GPP ha resaltado que «el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, adelantó la realización de una auditoría tras detectar que, en los últimos cuatro años del Botànic, se adjudicaron a dedo 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros».
«Tan solo cuatro empresas de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat», ha concluido.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.