La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia en la Comisaría Provincial de Alicante de una mujer que aseguraba haber sido víctima junto a su marido de una estafa. Según explicó a los agentes, en septiembre del año 2019, tras ver un anuncio en una conocida red social en el que se ofrecía obtener el premiso de residencia en España mediante la compra de una franquicia empresarial que costaba 50.000 euros, contactó con una persona que le confirmó lo expuesto en el anuncio.
Tras acordar los pormenores de la operación financiera, la víctima viajó desde Argelia junto a su marido a Alicante donde concertaron una cita con un varón que los trasladó a una notaría en la que firmaron un contrato y una escritura de compraventa de participaciones de empresa.
Posteriormente, la víctima realizó tres transferencias bancarias por un total de 52.615 euros y firmó unos documentos en los que supuestamente figuraba como franquiciada de una empresa.
Poco tiempo después recibió una nueva propuesta del varón con el que habían firmado el contrato y la escritura en la que les ofrecía un sueldo mensual de 3.500 euros si compraba una segunda franquicia por un valor de 30.000 euros. Asimismo, les ofreció a cambio de contratar esa segunda franquicia un apartamento con vistas al mar sin tener que pagar por ello ningún alquiler.
La víctima, creyendo que lo que le ofrecían era real, accedió a comprar una segunda franquicia, viajó de nuevo a España para firmar más documentos y realizó un pago inicial de 14.500 euros, tras lo que regresó de nuevo a Argelia.
La perjudicada, tras no recibir durante algún tiempo ninguna noticia de ese hombre, intentó contactar con él, pero no contestó a sus llamadas.
Ante esta situación, la víctima buscó en foros de redes sociales información sobre esta persona y encontró comentarios sobre una persona que había estafado a varios argelinos y cuya foto coincidía con el varón que supuestamente también le había estafado a ella.
A pesar de que los hechos tuvieron lugar en el año 2019, una enfermedad y las restricciones covid-19 han imposibilitado que pudiera desplazarse hasta Alicante para interponer denuncia lo que sí hizo hace unas semanas.
Ante estos hechos, los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo 2 de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron una investigación en la que, tras consultar la documentación aportada por la víctima y realizar diversas comprobaciones policiales, identificaron en primer lugar a una mujer como administradora única de la empresa con la que la víctima había realizado las dos franquicias.
Los agentes consiguieron también identificar plenamente al varón con el que la víctima había contactado y había firmado los contratos. Durante la investigación los agentes comprobaron que las franquicias que supuestamente habían sido vendidas por los investigados no existían y, por lo tanto, las operaciones realizadas mediante la firma de contratos en la notaría eran ficticias.
Finalmente, los agentes detuvieron a una mujer y un varón, de 33 y 49 años y de nacionalidad española y argelina, como presuntos autores de los delitos de estafa y falsedad documental. Todas las actuaciones policiales fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
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