El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, defiende, ante las críticas de los operadores jurídicos por su traslado a la Ciudad de la Justicia, en el caso de Sevilla, pero se trata de un modelo que su departamento quiere generalizar, que «estamos haciendo lo que hay que hacer».
Con la premisa de que «la justicia no es sólo de los jueces o de los fiscales o de los funcionarios, la justicia es de los ciudadanos», de quienes lamenta que «ahora mismo tienen que dispersarse por un gran número de sedes en el que no saben muy bien dónde le van a atender».
En una entrevista con Europa Press, Nieto dice que «entiendo que haya resistencia en una ciudad como Sevilla con un cambio tan importante como el que estamos planteando» y aboga por «tener paciencia» y por «convencer a todos los operadores jurídicos, a los que residen laboralmente en esa nueva sede, a los jueces, los fiscales, los letrados, los funcionarios de justicia, a que se cambiará a mejor».
Trabaja con la hipótesis de que «si alguien se quedara demasiado tiempo fuera de la Ciudad de la Justicia, nos exigirá dentro de poco que lo traslademos y que tenga las mismas oportunidades de trabajo que tienen el resto de compañeros».
«Confío en que cuando acabe el año 2024 esa resistencia habrá bajado mucho y en el año 2025 la crítica será de aquellos que todavía no se han trasladado. Este es mi esquema en el que estamos trabajando y creo que se va a producir», augura sobre las críticas hacia el traslado de la Ciudad de Justicia en Sevilla, que podrían reproducirse en otras poblaciones a medida que este modelo de concentración judicial vaya generalizándose por Andalucía.
Ante la pregunta de si destinar 20 millones en el Presupuesto 2024 a la futura sede de la Ciudad de Justicia de Granada, el edificio conocido coloquialmente como El Cubo, era la única opción lógica por su condición de capital judicial de Andalucía replica que «era la única apuesta lógica que podíamos poner en marcha al corto plazo» porque «había una segunda alternativa que era, igual que en Sevilla, buscar una ubicación donde pudiésemos construir una ciudad de la justicia nueva».
«Ha habido un debate durante las últimas décadas de ese eje, Plaza Nueva-Gran Vía-Caleta, del que no se quería salir», sigue explicando, antes de afirmar que lo «más lógico era hacer una apuesta porque la nueva Ciudad de la Justicia de Granada tuviese ya un edificio construido, el cubo y el solar anexo justo al lado del cubo, donde se puede construir un edificio para la jurisdicción penal».
«Es la capital judicial de Andalucía, tiene un edificio simbólico como es la Real Chancillería, pero que necesita un edificio moderno para prestar justicia en condiciones adecuadas, que es lo que va a tener a partir de ahora Granada y va a tener resuelto ese problema», resume la situación Nieto.
Ciudades de justicia: jaén, cádiz, huelva, algeciras, marbella, jerez
Además de Granada y Sevilla, y de que una Ciudad de la Justicia sólo contaban con ella Almería, Málaga y Córdoba, Nieto menciona que «estamos lanzando la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Jaén y en la fase de lanzamiento también está la Ciudad de la Justicia de Cádiz», así como que «estamos en conversación con el Ayuntamiento de Huelva para disponer de un suelo urbanizado para poder tener la nueva Ciudad de la Justicia de Huelva».
Apunta seguidamente el inicio de la obra de la Ciudad de la Justicia de Algeciras, «que va a iniciar la obra este mismo año» y de carrerilla señala la firma de un protocolo con el Ayuntamiento de Marbella para emplazar su Ciudad de la Justicia «junto al Centro Comercial de La Cañada», a lo que suma las conversaciones con el Ayuntamiento de Jerez «para poder tener una Ciudad de la Justicia en condiciones, en un municipio que es el sexto municipio de Andalucía y no puede estar en las condiciones en las que está».
«De esa forma cerramos el primer círculo sobre el que rotan una parte importante de los servicios de la justicia en Andalucía», explica Nieto, quien defiende que una planificación para que «todos los ciudadanos de Andalucía, vivan donde vivan, tengan acceso a la misma calidad de justicia que tienen los que ya se ha resuelto».
«Nosotros estamos trabajando sobre proyectos escalables que se puedan ampliar en función de las necesidades, que si hay un incremento de órganos judiciales, el edificio nos permita desarrollar una nueva fase constructiva y que no tengamos que hacer una sobreinversión al inicio que nos impida atender otra demanda en otros municipios», explica sobre la hoja de ruta que existe tras el Plan de Infraestructuras Judiciales.
Cuando se le pregunta por ingratitud entre los operadores jurídicos, si son sectores renuentes a los cambios, responde que «no creo que sea la palabra ingratitud, creo que hay una resistencia al cambio general de todo el mundo en algún momento y el sector de la justicia es un sector que se resiste al cambio», antes de explicar que «siempre pongo el ejemplo de la eliminación del papel, un acuerdo que se adopta hace ya casi 15 años y si uno va al juzgado se dará cuenta que no, que no hemos acabado con ese hábito, con ese mal hábito de seguir viendo llenos de papeles los juzgados de Andalucía y de España».
Litigiosidad en andalucía por encima de la media estatal
Cuando se le pregunta por las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA), que señala que la tasa de litigiosidad de Andalucía supera la media estatal y que en el ámbito penal representa un 25% del total nacional, más que el peso de la población de Andalucía en España, Nieto responde «hay muchos factores que influyen en ese aspecto y a mí me preocupa también y eso tiene que ver con la forma de resolver los conflictos de la sociedad».
El consejero de Justicia aprecia que «ha habido un déficit en el uso de soluciones alternativas a la judicial, fundamentalmente, la mediación» y afirma que «en el año 23 dije que tiene que ser el año de la mediación» y para ello «pusimos en marcha una cosa tan revolucionaria, entonces se vio así, como incorporar un módulo de mediación en el turno de oficio».
«Nadie lo veía, todo el mundo nos decía que esto es una locura», apunta, antes de esgrimir que «hoy tenemos un nivel de consenso en torno a ese módulo de mediación muy alto», del que hace partícipes a «abogados, procuradores, comunidad de mediación en general, que creen que es una apuesta importante».
Estima que «en Andalucía tenemos un problema añadido que es que no le hemos ofrecido alternativas a los propios abogados para que un abogado pueda ejercer su profesión y tener un ingreso y la única vía que le dejábamos era la vía de interponer una medida judicial», por lo que apuesta continuar por camino «que en su momento puso en marcha el Gobierno vasco y nos parece que es una buena vía».
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