«Hoy estamos aquí para decir que ya está bien. Que estamos cansados, de escuchar los relatos que afectan a una pequeña parte de la plantilla, el personal interino de larga duración», han lamentado los sindicatos en el manifiesto conjunto que han leído en la concentración.
En este manifiesto han expresado que están «cansados de medias verdades y de interpretaciones de las normas que no se ajustan a la legalidad». En este sentido, han indicado que no están «dispuestos a poner en peligro» los derechos de la «inmensa mayoría para salvaguardar los derechos de unos pocos».
La «injustificable temporalidad» han alertado de que «pone en riesgo la viabilidad de los servicios públicos y nos hace más vulnerables ante posibles recortes y privatizaciones».
Desde CCOO, UGT y CSIF --que representan a más del 80 por ciento de la plantilla de la Diputación General de Aragón-- han señalado que llevan más de 25 años luchando para intentar reducir la temporalidad, «denunciando las injustas tasas de reposición y peleando por unas ofertas de empleo público que permitieran acabar con la precariedad del personal temporal».
En concreto, han apuntado que desde 2017 se han aprobado cinco ofertas de empleo público con el objetivo de estabilizar al personal temporal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón. «Antes de finalizar este año el Gobierno de Aragón aprobará una sexta oferta», han agregado los sindicatos en el manifiesto.
Oferta de empleo
En total, han informado de que se han ofertado casi 3.000 plazas para acceder a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante concurso-oposición o concurso de méritos de manera excepcional.
No obstante, han considerado que para algunos todo este trabajo «no es suficiente, porque lo único que pretenden es quedarse, obtener una plaza sea como sea, a cualquier precio, pasando por encima de todo, y de los derechos de todos», han recriminado.
Asimismo, han subrayado que el Gobierno autonómico busca «anular o suspender» los derechos de movilidad a través de los concursos de traslados, el derecho a la promoción interna del personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, y con todas las ofertas de empleo público aprobadas, «incluidas las que se realizarán por oposición».
Han afirmado que también el Ejecutivo autonómico intenta que las personas que están aprobando estos procesos de estabilización «ocupen las plazas que nadie quiere, las más alejadas, las de más difícil cobertura, porque las buenas las quieren para ellos».
Para ello, han dicho que «no han ahorrado esfuerzos» en buscar el apoyo político para intentar «derribar» los derechos de la mayoría, los derechos negociados y acordados.
«Tristemente, el oportunismo político no tiene límites y PAR e Izquierda Unida no han querido desaprovechar la ocasión para intentar arañar un puñado de votos en el futuro, presentando enmiendas a la Ley de Presupuestos para recortar los derechos de la mayoría», han lamentado.
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