La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, y la secretaria de política institucional del sindicato, Paloma Vega | CCOO MADRID

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CC.OO. Madrid ha cargado este martes contra los presupuestos elaborados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para el año 2024 al considerar que son «insuficientes», «no sirven para cubrir las necesidades de los madrileños» y «ahonda en la desigualdad y en la pobreza», con uno de cada cinco euros dedicados a políticas privatizadoras, más de mil millones de euros destinados a pagar intereses de deuda a los bancos y rebajas fiscales que no repercuten en el ciudadano, además de no contener el obligatorio informe de impacto de género.

Por todo ello, el sindicato, junto a colectivos sociales y vecinales, ha anunciado que el próximo día 22, coincidiendo con la votación del proyecto en la Asamblea de Madrid, donde está garantizada su aprobación por la mayoría absoluta del PP, se concentrarán frente a la Cámara de Vallecas para trasladar su malestar con las cuentas.

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, y la secretaria de política institucional del sindicato, Paloma Vega, han presentado este martes un informe donde se analiza el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2024, comparándolo con el gasto efectivamente realizado, con diferencias significativas entre los gastos presupuestados y efectivamente ejecutados.

En concreto, el sindicato subraya el proyecto de presupuestos de 2024 prevé elevar el gasto real de la Comunidad de Madrid hasta los 27.558 millones de euros, con un nivel de provisión autonómica de servicios públicos e inversión pública que se mantiene estable en alrededor del 9,5% del PIB en 2024, de acuerdo con las previsiones macroeconómicas de la propia Comunidad de Madrid.

En palabras de Paloma López, se trata de unas cuentas «insuficientes» que, en contra de lo defendido por Ayuso, «en absoluto» suponen un «gasto excepcional o expansivo» por el gasto real es menor que en 2022, tanto en relación al Producto Interior Bruto (PIB) como en términos absolutos, en las que además partidas como Sanidad o Educación tienen «menos peso» frente a otras como la deuda pública, que lo gana.

En términos generales, ha indicado el sindicato, la Comunidad destaca por sus bajos niveles de gasto público, casi cinco puntos porcentuales por debajo de la media del resto de comunidades autónomas, unos beneficios fiscales que acompañan a los presupuestos que suponen que se dejan de ingresar 6.010 millones de euros y una apuesta por la privatización de servicios que demuestra que el Ejecutivo autonómico es «mal gestor de lo público».

En esta línea, la líder del sindicato ha denunciado además que la Comunidad es una de las regiones con mayor porcentaje de su presupuesto en gastos concertados o externalizados al sector privado. «Madrid sigue a la cola del gasto sanitario y esto está relacionado directamente con la política privatizadora y con la política de conciertos establecida por parte de la Comunidad de Madrid», ha dicho.

Según ha detallado, uno de cada cinco euros «está dedicándose a políticas privatizadoras» lo que refleja que «no son buenos gestores de lo públicos, es decir, que son malos gestores en relación al dinero público».

Además, ha afeado, el Ejecutivo madrileño destina más de mil millones de euros al pago de intereses de la deuda a los bancos «porque ha renunciado a acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que nadie tenga »ningún control" sobre las cuentas de la Comunidad y solo el Gobierno autonómico sea quien haga las operaciones.

En materia de fiscalidad, además, el sindicato ha subrayado que se trata de una «política injusta» que supondrá que se dejan de ingresar 6.010 millones de euros al año, un 2,1% del PIB autonómico, en rebajas, deducciones y reducciones en distintos tipos fiscales, principalmente a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Patrimonio.

«Aunque la Comunidad de Madrid se ha abierto a recuperar parcialmente la recaudación asociada a este impuesto (555 millones de euros a 10.302 declarantes), lo ha hecho únicamente ante la imposibilidad de tumbar en el Tribunal Constitucional el Impuesto estatal a las Grandes Fortunas y por lo tanto, ya ha anunciado que revertiría la medida si el impuesto estatal dejara de estar en vigor», señala el sindicato.

En IRPF, por ejemplo, Paloma López ha indicado que se dejarán de ingresar 154 millones de euros, algo que no se va a ver en la nómina de los trabajadores, salvo en las franjas intermedidas y serán entre 10 y 20 euros al año, mientras que esa cantidad podría invertirse en políticas sociales, que «lamenteblemente» no se está realizando.

Mismas inversiones no ejecutadas

En cuanto a inversiones, la secretaria general del sindicato ha subrayado que el gasto real está «decreciendo», poniendo como ejemplo partidas como la Sanidad --con «una rebaja significativa de lo que está presupuestado y también ejecutado», ha dicho--, y «se anuncian nuevamente inversiones que llevan anunciándose desde que el mundo es mundo y siguen sin hacerse».

Igualmente, en relación al modelo productivo, han advertido que no hay «ningún interés en tener un modelo productivo basado en la digitalización, la industrialización o las tecnologías» y simplemente se basa «en los servicios, pero en servicios de mala calidad».

«Son unos presupuestos insuficientes porque el nivel de previsión autonómica en servicios públicos y en inversiones públicas como en otras ocasiones se mantiene de manera lineal y estable, lo que va a provocar bajo nuestro punto de vista va a seguir redundando y va a incrementar incluso la desigualdad», ha indicado la secretaria de política institucional del sindicato, que además ha advertido ante la denominada 'ley Omnibus dos' y el control del Gobierno de la Cámara de Cuentas que debería fiscalizar la acción del Ejecutivo.

Finalmente, las responsables de CC.OO. Madrid han advertido que con estas cuentas también se ahonda en la pobreza y en la desigualdad entre los madrileños y han denunciado, igualmente, que las cuentas carecen de informe de género, algo «realmente preocupante y alarmante», en palabras de Paloma López. «Es una situación que lógicamente estudiaremos porque valoramos que es una situación denunciable», ha indicado.