El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha presentado a la mesa de movilidad la propuesta de convertir el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord en la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad, una zona que está controlada por cámaras de acceso.
La propuesta, que será aprobada este viernes en la Junta de Gobierno Local y que tendrá carácter «transitorio y provisional», plantea «considerar» el Área de Prioridad Residencial, creada en noviembre de 2020, como zona de bajas emisiones, para cumplir con la ley de Cambio Climático y Transición Energética, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Desde el consistorio han incidido en que ambas figuras --el acuerdo de la JGL de creación de la APR y la ley 7/2021 de 20 de mayo-- «comparten el objetivo común de mejorar la calidad ambiental mediante la mitigación de las emisiones de gases, humos y partículas contaminantes».
Carbonell ha defendido que la APR «cumple perfectamente los requisitos» para ser considerada una zona de bajas emisiones, puesto que ha argumentado que está restringido el tráfico y que «solo se permite la entrada a los vecinos». De esta manera, una vez se apruebe por parte de la Junta de Gobierno, la APR de Ciutat Vella será la primera ZBE que tenga la ciudad, «cumpliendo de esta manera la ley».
La propuesta del consistorio subraya que se entiende por zona de baja emisión «el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».
Por otro lado, el planteamiento del gobierno municipal establece que la mencionada Zona de Bajas Emisiones tendrá «carácter transitorio y provisional», en tanto se apruebe por el Ayuntamiento «la ordenanza correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el real decreto citado».
En cualquier caso, desde la Concejalía de Movilidad han garantizado que, «sin perjuicio» de lo anterior, «continuará trabajando» en la elaboración de la ordenanza definitiva que incluirá, además de la APR como Zona de Bajas Emisiones, «otras medidas» para el resto de la ciudad, dado que, ha indicado, «se han recibido fondos europeos para la puesta en marcha de dichas medidas adicionales».
Además, el consistorio se ha comprometido a que estas medidas adicionales no supongan «restricciones relevantes a los derechos de vecinos y comerciantes» y, al mismo tiempo, que los fondos recibidos «no sean devueltos a Europa».
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