Representantes y simpatizantes de la Comissió Ciutat Port -- plataforma que aglutina cerca de 200 organizaciones sociales y ecologistas-- se han concentrado este jueves para exigir al PSOE que «recapacite» sobre la autorización de la terminal de la ampliación del puerto de València y para defender que la infraestructura es una «sentencia de muerte» con consecuencias para la salud, medioambientales y legales.
Los activistas se han congregado en las inmediaciones del Edificio del Reloj, encabezados por una pancarta que rezaba 'No a la ampliación del Puerto de València', con motivo de la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha anunciado durante el acto que el consejo de ministros del próximo martes autorizará la licitación de las obras de la terminal de la ampliación norte.
A la protesta, que se ha desarrollado desde las 11 horas de la mañana, han acudido representantes de Compromís, como la portavoz en el Ayuntamiento, Papi Robles; el exalcalde de València, Joan Ribó, y la portavoz adjunta en Les Corts, Isaura Navarro.
En declaraciones a los medios, como representante de Comissió Ciutat-Port, Loreto Primo ha apelado al «sentido común» del Gobierno central para que «recapacite» y «no cometa la imprudencia de convertir esta ciudad en un aparcamiento de contenedores». Así, ha expuesto que «se les llena la boca a los gobernantes de hablar de los signos de identidad», como son l'Albufera, las playas y la huerta.
Para Loreto Primo, ni la ciudadanía ni los visitantes quieren «ver una fachada marítima destrozada», ni los valencianos quieren que se «destruya» su derecho a la salud «con una contaminación ambiental y acústica que se verá incrementada con la implantación de una megaindustria en las mismas puertas de la ciudad».
Además, ha avisado que el proyecto «puede luego ser declarado nulo en los tribunales» y eso «también revertirá en posibles indemnizaciones a costa también del erario público». «Es decir, pagamos ahora y pagaremos después», ha zanjado Primo.
Francisco Herrera, también de Comissió Ciutat-Port, ha criticado que es «lamentable» y un «error mayúsculo que el PSOE y el gobierno se alineen con los intereses del Partido Popular y Vox». Así, ha indicido en que la infraestructura tendrá "consecuencias medioambientales y sociales, pero también legales.
«Ellos serán los responsables de votar a favor y firmar esta sentencia de muerte», ha lamentado, pero aún cree que se puede dar «un paso atrás».
Apoyando a la plataforma y para hablar de las consecuencias de la ampliación entre los trabajadores del puerto, ha intervenido el presidente de del Comité de Empresa de CSP Iberia en Valencia Terminal, Julián Pérez, quien ha afirmado que la ampliación «supone un trasvase de la carga de trabajo de la terminal sur que gestiona CSP hacia la ampliación norte para darle contenido a esta infraestructura» y, por tanto, «puede suponer una grave destrucción del empleo» sobre la plantilla de CSP de 250 trabajadores, que ascienden a 400 en empleos indirectos.
El representante sindical considera que el motivo de desarrollar el proyecto es «aceptar las exigencias de MSC que quiere concentrar toda su carga en esta ampliación norte, no por necesidades reales de capacidad del puerto de Valencia».
«Está demostrado simplemente leyendo los informes de la APV y las situaciones reales a fecha de hoy de los tráficos marítimos que esta infraestructura no es necesaria», ha aseverado. La capacidad del actual recinto, según Perez, podría superar los ocho millones de TEU, y ahora se mueven menos de cinco millones.
En esta línea, la plataforma ciudadana, una vez confirmado el anuncio, ha advertido al Gobierno central que "sería una grave
irresponsabilidad aprobar la contratación de un proyecto altamente polémico y que se encuentra recurrido ante los tribunales de justicia".
La Comissió Ciutat Port ha ahondado en que la ampliación del
Puerto de València «debe, no sólo suspenderse, sino incluso revertirse» porque «no responde a ninguna necesidad real de la economía valenciana»; «se aparta del interés general» y «solo responde a las exigencias e intereses de la multinacional naviera MSC y su socio Boluda Corporación Marítima»; supondrá un volumen desmesurado de gasto público« y es »una amenaza real muy preocupante para nuestro territorio".
Las entidades han recalcado que «pone en riesgo la salud pública pues se incrementará sustancialmente la contaminación ambiental y acústica». Con todo ello, ha puesto en duda la «sinceridad» de las declaraciones del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, sobre la descarbonización y la transición ecológica, en citas como la COP28.
1 comentario
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Si hablan como pseudoecologistas atacando la competencia a Barcelona, si atacan a los que pueden hacer daño a la primacía catalana.. Son como uno que anda como un pato, croa como un pato, nada como un pato.. Patos catalanistas!!