Una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular que se debate el próximo jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía reclama a la Junta de Andalucía que revise el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD) y a la Administración del Estado le plantea que «defina y concrete las actuaciones y localización con cargo a su inversión comprometida».
La iniciativa parlamentaria del PP, que recoge esas dos peticiones de la media docena a las que aspira, se dirige a que la Junta de Andalucía plantee al Gobierno que «ambas Administraciones cumplan en su integridad, de manera diligente y en los plazos establecidos, las respectivas obligaciones» que se derivan del protocolo que rubricaron el 27 de noviembre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que contempla, entre otras medidas, el pago de 100.000 euros por hectárea para los agricultores de los municipios de la Corona Forestal que abandonen la actividad agrícola.
En el caso de los deberes que la iniciativa quiere establecer para el Gobierno figura conocer «las inversiones en los 14 municipios que se incluyen», mientras a la Junta de Andalucía le plantea que para esa revisión del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana debe crear «la oficina técnica de seguimiento para conseguir implementar de forma efectiva dicho plan».
El PP pretende que la Administración autonómica requiera del Estado «los mecanismos legales» que sirvan de base para ejecutar las ayudas e incentivos previstos para la renaturalización, reconversión y producción ecológica y a que «se instrumenten con celeridad».
La quinta petición de la PNL del PP se dirige también al Gobierno para que explore la posibilidad de recurrir a fondos europeos para contar con esa financiación en «la modernización de las explotaciones, la diversificación de la producción, la mejora de la comercialización y el uso de la energía renovable».
En sexto lugar, la iniciativa del PP requiere del Gobierno a que en los Presupuestos de 2024, y con un compromiso plurianual, se establezca «la planificación y consignación económica» para la ejecución «de manera urgente» de las obras para concluir la presa de Alcolea.
En esta misma línea reclama acometer «una necesaria cesión temporal de derechos de agua entre los usuarios de la presa o embalse de Alqueva y los usuarios de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza», y que se ejecuten todas las obras hídricas de interés general del Estado para el cumplimiento del trasvase del Condado de Huelva, aprobado por la Ley 10/2018, entre las cuales se incluyen el desdoblamiento del túnel de San Silvestre; la presa de Pedro Arco; el canal de Trigueros; la ampliación de los bombeos de Bocachanza y la ampliación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas.
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