Viceconsejero de Vivienda de Madrid dice que los problemas de acceso a la vivienda no los genera un "capital despiadado"

El problema, en su opinión, es que «no se generan las condiciones de seguridad y de facilitación de la producción y transformación del suelo en forma de vivienda de manera sostenida en el tiempo, de manera ágil y sin más cargas administrativas que las necesarias de control para generar un producto de calidad a un precio asequible».

Así se ha pronunciado García en Valdemoro (Madrid), durante el acto de presentación de Residencial Solano, el primer proyecto en España de viviendas 'build to rent' --pisos de nueva construcción destinados al alquiler-- con certificado Passivhaus, que combina un alto confort interior con un consumo de energía muy bajo.

Ante representantes de la propietaria y gestora de los pisos, Vivia Homes; la promotora, Aedas Homes; y el responsable de ejecutar y diseñar el proyecto, Grupo Lobe, el viceconsejero ha afirmado que el sector inmobiliario «crea valor, riqueza bienestar para todos en forma de hogares».

Además, ha celebrado que la alianza entre estas empresas haya posibilitado la construcción de un complejo de viviendas «de primer nivel de calidad arquitectónica» y con «una baja demanda de energía» que va a permitir que los inquilinos tengan una factura eléctrica reducida.

Gracias a ello, tendrán «renta disponible para vivir mejor», lo cual «se transforma en consumo» y en «generación de actividad de empresarial», que «es la que crea empleo», ha añadido. En este sentido, ha defendido que «el empleo no lo crea la Administración modificando la jornada laboral o interviniendo el salario mínimo interprofesional», sino que «se genera porque hay actividad económica, porque hay empresas que arriesgan capital y generan empleo».

Seguridad jurídica

El viceconsejero de Vivienda ha afirmado que «es bueno y es necesario que el sector del alquiler en España se vaya profesionalizando», como se ha hecho en la promoción 'build to rent' presentada en Valdemoro, «pero para eso se tienen que crear las condiciones». «Sin seguridad jurídica no hay mercados sanos, no se crean alquileres, se reduce la oferta del alquiler y suben los precios», ha advertido.

Por último, García se ha referido al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, un proyecto de colaboración público-privada en el que la Administración autonómica pone suelo a disposición de los operadores, que son los que invierten en la construcción y gestión de los inmuebles, ofreciendo a los madrileños alquileres «a un precio un 30% o un 40% inferior al de mercado».

Este plan, que en este momento tiene 6.500 viviendas contratadas, de las cuales 5.000 ya están en construcción, demuestra, a su juicio, que, «cuando hay una relación sana entre la Administración y la sociedad civil, se pueden encontrar fórmulas de éxito».

El viceconsejero ha señalado que el capital privado ha invertido los 800 millones de euros necesarios para construir estas viviendas, y la Comunidad de Madrid ha hecho que «unos suelos que no cumplían su fin» se utilicen para la creación de soluciones habitacionales cuya construcción genera, además, puestos de trabajo y riqueza.

De esta manera, el Gobierno autonómico cumple con su mandato de «proveer una vivienda pública a un precio asequible en un plazo razonable con una alta calidad arquitectónica», algo que solo se puede hacer «mediante un marco de seguridad jurídica con reglas del juego claras y con un respeto a la iniciativa privada», ha subrayado.

En este contexto, García ha argumentado que la Administración pública debe intervenir en el mercado, pero «en positivo», para «generar seguridad jurídica, generar proyectos de colaboración público-privada y establecer entornos de fiscalidad baja que permitan las necesarias rentabilidades de los proyectos y el retorno en forma de impuestos y de cotizaciones sociales».