Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, durante la Junta Directiva de CEIM, a 24 de abril de 2023, en Madrid (España). | Diego Radamés - Europa Press - Archivo

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La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha mostrado su rechazo a la condonación del 20% de la deuda a Cataluña, y a los acuerdos conocidos hasta el momento entre el PSOE y los distintos grupos parlamentarios de cara a la investidura de Pedro Sánchez, al considerar que esta medida «causará que todos los ciudadanos paguen más impuestos» y que sus consecuencias «incidirán negativamente en el crecimiento económico y social de España y en la vida de los madrileños».

Así lo ha manifestado la patronal madrileña en un comunicado, remitido a Europa Press, donde ha subrayado que «los pactos con los independentistas generarán diferencias entre las comunidades autónomas y certificarán la desigualdad de los españoles ante la Ley». Ante ello, pide a los políticos madrileños que «denuncien su perjuicio».

Para CEIM, la condonación de una parte de la deuda catalana «afectará a todos los españoles, ya que la deuda no desaparece, sino que cambiará la titularidad de la misma». En esta línea, ha aseverado que «todos pagarán más impuestos para que paguen menos los habitantes de las regiones cuyos dirigentes han derrochado recursos públicos durante las últimas décadas».

«Este hecho incentivará que estos territorios se sigan endeudando por encima de sus posibilidades, con la confianza de que, cuando se vuelva a necesitar su apoyo, el Gobierno se lo volverá a perdonar», ha lamentado la patronal.

Rechaza la amnistía

Por otro lado, CEIM ha tachado de «grave» la futura Ley de la Amnistía porque «certificaría que existe un grupo de ciudadanos que está por encima de la Ley». Asimismo, ha lamentado que «se dejen sin efecto todas las actuaciones judiciales que responsabilizan a los que habían quebrantado el ordenamiento jurídico».

La patronal también ha recalcado que los acuerdos del PSOE y Sumar, que se han realizado al margan del diálogo social, «modificarían importantes normativas relacionadas con la jornada de trabajo y la regulación del despido, lo que perjudicaría la productividad y la competitividad de las empresas, así como la generación de empleo».

«Queremos hacer un llamamiento a los políticos madrileños para que denuncien el evidente perjuicio que la ejecución de los acuerdos conocidos ocasionaría al conjunto de los ciudadanos de nuestra región y a la gran mayoría de los españoles», ha recalcado.