Y es que, a su parecer, no se trata «de una mera cuestión de desigualdad de trato» sino que «la clave es el atentado contra la seguridad jurídica y la confianza, que sustentan la actividad económica en una democracia liberal».
Así lo ha expuesto, en declaraciones a los periodistas, en el 30º Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte y ABC, donde ha hecho hincapié en que esto es «la normalización de la arbitrariedad, que destruye la fiabilidad de una nación y sus regiones en los mercados internacionales así como »un incentivo al incumplimiento, a la falta de rigor y austeridad, a malgastar el dinero público, y al incumplimiento presupuestario".
«¿Qué efecto tendrá en el valor de la deuda de cada región y de España en los mercados, o sobre las empresas e inversores?», ha preguntado a continuación.
Ayuso ha puesto el foco en que ahora es «una quita de 15.000 millones» pero «mañana pueden ser diez veces más». «Hoy negocian una quita de 15.000 millones que mañana pueden ser diez veces más. Madrid no tiene deudas, mientras que regiones como Cataluña, víctima de una nefasta gestión, es la región que generó el mayor incremento. De ahí que tuviera que recurrir al FLA y a un sistema de financiación autonómica diseñado para mejorar su financiación», ha sostenido.
Por otra parte, durante su intervención, ha insistido en que «saltarse la ley es y debe seguir siendo delito» si se quiere demostrar que España sigue siendo «un país fiable como lo ha sido durante décadas, que no negocia con la libertad ni trafica con la seguridad jurídica».
«Lo hemos visto una y otra vez: cuando cae el Estado de derecho, caen con él la libertad, la democracia, y, por supuesto, la prosperidad», ha señalado, al tiempo que ha insistido en que «quienes abusan, cometen delitos y son incapaces no pueden ocupar los puestos de poder».
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