El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá | A. Pérez Meca - Europa Press

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La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y la alcaldesa de València, María José Catalá, han exigido al Gobierno de España «mayor transparencia» en la gestión de la crisis migratoria, así como «más coordinación» entre administraciones.

Ambas responsables autonómica y municipal, respectivamente, han participado en la tarde de este martes en la reunión que ha mantenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, para informar con detalle de la crisis migratoria que afecta principalmente a Canarias.

Por un lado, la consellera de Servicios Sociales ha reclamado que el Gobierno central actúe con «mayor transparencia» en la gestión de la crisis migratoria y «responda a determinadas cuestiones» que son «necesarias para organizar los recursos disponibles y ofrecer a las personas migrantes que llegan a la Comunitat Valenciana la atención que merecen».

La vicepresidenta segunda ha mostrado su «disconformidad» con el «tipo de reunión» convocada por el ministro, puesto que, según ha expuesto, ha consistido en «un encuentro meramente informativo» y que, a su juicio, «no responde a la gravedad de la situación a tratar».

Además, ha considerado que ha sido «una falta de respeto a las comunidades autónomas y una falta de consideración con las personas migrantes afectadas por las decisiones que, unilateralmente y sin coordinar», se están tomando por parte del Ministerio.

En este sentido, ha indicado que la semana pasada se remitió desde su departamento una carta al ministro Escrivá para que convocara la Conferencia Sectorial de la Inmigración y realizar el mismo sistema de reparto que se tiene con las personas migrantes menores de edad.

Del mismo modo, y tras «la falta de convocatoria» a la reunión celebrada entre la Delegación del Gobierno y las ONG este pasado lunes, la vicepresidenta del Gobierno valenciano ha valorado «positivamente» la indicación del ministro de la necesidad de que tanto los ayuntamientos como los gobiernos autonómicos sean convocados a cualquier reunión de este tipo que se realicen en próximos días o semanas.

En cualquier caso, Camarero ha insistido en la necesidad de que el Ministerio «transmita y comunique toda aquella información puntual de las personas que están aquí o puedan ir llegando», puesto que, «hasta ahora, la información que nos llega es muy sesgada, se desconoce la edad y el sexo, y, además, no sabemos si hay personas menores o personas con discapacidad, y que requieren recursos para tener la atención que requieran».

Finalmente, Camarero ha garantizado que la Comunitat Valenciana «siempre va a estar comprometida con las personas más vulnerables» y, por ello, ha indicado que la autonomía ofrece «plena colaboración y cooperación» con el Gobierno central para que las personas migrantes reciban «el trato digno que merecen».

"más coordinación"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha instado al Gobierno a «no dar por sentado que todos los inmigrantes --llegados en las últimas semanas a Canarias y distribuidos por la Península-- están de paso» y ha emplazado al Ejecutivo central a «trabajar de forma coordinada» con las organizaciones que colaboran y con los servicios sociales municipales para poder atenderlos «correctamente».

Asimismo, ha reclamado «más coordinación» entre administraciones y ha puesto como ejemplo la reunión entre la Delegación de Gobierno y las asociaciones que trabajan con los migrantes: «No se contó ni con los servicios sociales municipales ni autonómicos».

Fuentes municipales han precisado que el ministro «ha dado la razón» a la primera edil de que en esa reunión «deberían haber estado los servicios sociales», por lo que, además, «ha pedido disculpas», y ha confirmado que se contará con la administración municipal y autonómica en las futuras reuniones.

Por último, Catalá ha insistido en la necesidad de contar con «toda la información, y no solo una llamada después de llegar los inmigrantes, y un apoyo financiero por parte del Estado ante la situación».