Archivo - Vista del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles | A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TW
0

Una moratoria en los nuevos cantones hasta consensuar directrices de instalación, la situación de las viudas de Orcasitas a las que la Seguridad Social les reclama dinero tras las ayudas a la rehabilitación recibidas o el cierre de la incineradora de Valdemingómez llegarán al Pleno de Cibeles de este lunes, el segundo ordinario del mandato, en el que el foco estará puesto en la política internacional, con el conflicto bélico desatado en Oriente Próximo, y en una sesión en la que el PSOE contará con un edil menos con la renuncia de Daniel Viondi.

No será hasta el Pleno de noviembre cuando se incorpore la nueva concejala socialista, la número doce de la candidatura, María Caso. La sesión de octubre se adelanta un día, al lunes, para no coincidir con la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. En ella Oriente Próximo será la gran protagonista, con dos mociones enfrentadas.

Por un lado, Vox propone «condenar incondicionalmente los ataques terroristas de Hamás o cualquier otro grupo terrorista contra Israel, guardar un minuto de silencio como muestra del apoyo y solidaridad al pueblo israelí tras los brutales ataques a la población civil e iniciar los trámites oportunos al objeto de conceder la Medalla de Honor de Madrid al pueblo de Israel».

Más Madrid, por su parte, elevará una condena expresa a «los atentados de Hamás», igual que a los «bombardeos indiscriminados por parte del Gobierno de Israel», moción en la que pedirán la habilitación de un fondo de emergencia destinado a organizaciones humanitarias en Gaza y ofrecer la ciudad como sede de una Conferencia de Paz, como lo fue en 1991.

La línea 11 hace parada en cibeles

De nuevo las obras de ampliación de la línea 11 de Metro harán parada en el Pleno de Cibeles, esta vez de mano del PSOE, interesado en conocer cómo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, «va a cumplir las normas urbanísticas en defensa del patrimonio natural, cultural y urbano» cuando «el proyecto carece de estudios previos, como el impacto en el Paisaje de la Luz o en el nivel freático en el subsuelo de la zona de Atocha».

Las viviendas de uso turístico volverán a Cibeles, igual que la posible solución para los afectados por el Plan 18.000 en su intención de convertir en propietarios a los superficiarios, de manera que quienes tienen hoy una vivienda protegida.

Y siguiendo con el urbanismo, la mayoría absoluta del PP garantiza la aprobación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) de 1997 para el ámbito de Nuevo Sur-Méndez Álvaro, donde ahora se encuentra un edificio propiedad de El Corte Inglés.

En el apartado de proposiciones, Vox pondrá encima del atril una moratoria de las medidas reguladas en la Ordenanza de Movilidad Sostenible para los vehículos pesados con etiqueta B para que puedan circular por Madrid Zona de Bajas Emisiones y las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y Plaza Elíptica hasta el 1 de enero de 2029, mientras que los vehículos ligeros con etiqueta B lo puedan hacer hasta el 1 de enero de 2027.

Viudas de orcasitas

Más Madrid y PP elevarán sendas proposiciones con el 25N, Día internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, como telón de fondo.

Otras de las protagonistas de la sesión serán las viudas de Orcasitas (Usera). Una veintena de mujeres mayores del Poblado han recibido unas cartas de la Dirección Provincial del INSS en las que les reclama la devolución del complemento de mínimos de la pensión de viudedad que percibían hasta ahora --para llegar a cantidades de unos 700 euros al mes--, aduciendo para ello que han sido perceptoras de una ayuda para la rehabilitación, que considera como una ganancia patrimonial.

El Pleno terminará no sin antes debatir sobre el homenaje que el PSOE propone para el periodista y corresponsal de guerra Ramón Lobo, igual que la declaración de la antigua fábrica Clesa como BIC en categoría de monumento o la iniciativa de Más Madrid sobre un salario mínimo de 1.500 euros para las personas que trabajan en el Ayuntamiento, una demanda que ya fue columna vertebral de su campaña que pone el foco en las educadoras infantiles y en las trabajadoras del Servicio de Asistencia Domiciliaria (SAD).