La Comisión de Valoración de violencia de motivación política, creada por la Ley 12/2016, conocida como de «abusos policiales», propone en su nuevo informe anual el reconocimiento de otras 66 víctimas, entre las que se encuentra Joxi Zabala, supuesto miembro de ETA, «secuestrado, torturado y asesinado» por los GAL en 1983. También abre la puerta al reconocimiento de Joxean Lasa, cuya solicitud ha sido formulada por su familia fuera de plazo.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que se presentará el próximo lunes, para su aprobación, en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento vasco, plantea el reconocimiento de 66 nuevas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, que se sumarían a las 81 ya reconocidas con anterioridad, con lo que en total serían ya 147.
El documento de la Comisión de Valoración incluye en su lista a Zabala, que, según destaca, sufrió «un episodio terrible de secuestro, desaparición forzada, torturas y asesinato, perpetrado por los GAL en 1983».
También precisa que no se ha pronunciado hasta la fecha sobre el caso de Lasa, «que va trágicamente unido al de Joxi Zabala porque ambos fueron víctimas de idénticos hechos criminales», porque sus familiares no presentaron la solicitud de reconocimiento dentro del plazo establecido en la Ley, que finalizó en diciembre de 2021. No obstante, considera que debe producirse «una reapertura de plazos» para este y otros casos que se han quedado sin reconocimiento por esta razón.
Sentencia de la audiencia nacional
El informe recuerda que la Audiencia Nacional consideró, en sentencia, que el 15 de octubre de 1983 José Antonio Lasa y Joxi Zabala fueron secuestrados en Baiona por miembros de los GAL y conducidos, primeramente, al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo,
y posteriormente al palacio de La Cumbre, situado en el Alto de Aldapeta, en San Sebastián, donde fueron interrogados y torturados, según diversas evidencias.
La resolución judicial apuntaba que, posteriormente, "y
desconociéndose el número de días que permanecieron en La Cumbre, ambos fueron conducidos a Busot (Alicante), a más de 700 kilómetros por carretera, asesinados de sendos disparos en la cabeza y enterrados en una fosa que se cubrió con cal viva".
El documento recuerda que sus restos fueron identificados en 1995, y en julio de 2001 el Tribunal Supremo condenó por estos hechos al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, al entonces gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, y a los guardias civiles Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo a penas de entre 71 y 75 años de cárcel.
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