Archivo - Edifici de la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya a Barcelona. | DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

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La consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, ha anunciado este jueves que el departamento presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre una alumna de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), y ha insistido: «El TSJC se extralimita en sus funciones».

Lo ha dicho después de que el TSJC haya sentenciado que una alumna de esta escuela deberá recibir en castellano, además de la asignatura de lengua, «una o unas áreas de conocimiento, competencias clave, materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales».

En declaraciones a los medios en una visita a los servicios territoriales del Vallès Occidental en Sabadell, Simó ha dicho que el TSJC «no ha modificado un ápice» su postura respecto a las anteriores medidas cautelares.

Simó ha señalado que el TSJC sigue su dinámica y ha reprochado que cambia porcentajes por un término que ha considerado ambiguo y que no existe en el currículum, que es el de asignatura principal: «No existen asignaturas principales, no está recogida en ninguna ley orgánica ni decreto», ha dicho.

"intentan hacer de departamento"

Ha considerado que al TSJC le dan igual las leyes de educación, la pedagogía y la sociolingüística: «Van a lo que van. Intentan hacer de Parlament, de Conselleria y de direcciones de centro. No es la vía», ha añadido, considerando que actúa con sesgo político, en sus palabras.

Ha afirmado que no es función del TSJC «hacer de Departamento, tomar decisiones pedagógicas o de sociolingüística», ha dicho que su conselleria estará para garantizar que los alumnos cuando acaban la etapa de la ESO dominen las lenguas oficiales, y ha remarcado que quien está politizando la educación no es la Generalitat sino aquellos que la judicializan.

La consellera ha afirmado que presentarán recursos de casación ante el Tribunal Supremo y seguirán con el despliegue de la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y continuar los trámites del decreto de régimen lingüístico del sistema educativo catalán, que dará «seguridad y concreciones».

Preguntada por si esta sentencia puede ser un indicio sobre qué dictaminará el Tribunal Constitucional sobre la ley sobre el uso y aprendizaje de lenguas oficiales, ha afirmado que lo desconoce, pero que es una ley aprobada por mayoría y avalada por el Consell de Garanties Estatutàries: «Me tendría que equivocar mucho para pensar que el TC no avalase esta ley».