La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha abordado este martes las conclusiones del juicio de la pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas de 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica para la prejubilación de 24 trabajadores y de dos personas «intrusas» en el despido colectivo al no pertenecer a la plantilla.
En la sesión, la Fiscalía ha dado traslado al resto de partes de sus conclusiones definitivas, en las que reclama para el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera tres años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado de prevaricación, ambos en concurso a su vez con un delito continuado de malversación. Ello, cuando en su escrito inicial de acusación, pedía seis años de prisión para este ex alto cargo andaluz.
En el caso del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, para el cual reclamaba inicialmente ocho años de cárcel, solicita tres años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación y cuatro años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
Juan lanzas
En cuanto al exsindicalista de UGT Juan Lanzas, supuesto «conseguidor» de subvenciones autonómicas en la trama de los ERE, para quien la Fiscalía reclamaba ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, el Ministerio Público reclama en su escrito de conclusiones definitivas tres años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, dos años de cárcel y cuatro años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y una multa de 1.800 euros por un delito continuado de falsedad documental.
Para Juan Francisco Algarín Lamela, supuesto «testaferro» de Lanzas, que también afrontaba una petición de pena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, la Fiscalía reclama en su escrito final tres años y un mes de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, cuatro años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y un año y nueve meses adicionales de cárcel por ese mismo delito, así como una multa de 1.080 euros por un delito continuado de falsedad documental.
Sin acusación para fernández, barberá y márquez
Al comienzo del juicio, recordémoslo, la Fiscalía solicitó «apartar» de la causa al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, también acusados en esta pieza de los ERE, una vez emitida la sentencia del Tribunal Supremo resolutoria de los recursos de casación planteados contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que condena a los mismos y a otros ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán; por el denominado como «procedimiento específico» de financiación con fondos públicos de los citados ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.
El fiscal, en ese sentido, manifestaba que la sentencia del Supremo que ratifica la condena por malversación impuesta a estos tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el «procedimiento específico» de financiación de los ERE, o sea el mecanismo administrativo mediante el cual era aplicado el dinero público, ya «incluye todas las disposiciones de fondos públicos realizadas por los acusados» durante el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos. Al punto, ha recordado que todos estos fondos fueron consignados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.
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