Unos 620.600 empleados públicos en Andalucía se beneficiarán del incremento salarial del 0,5% aprobado en el Gobierno, y que se hará efectivo en la nómina de octubre con efecto retroactivo desde el 1 enero de 2023. Este incremento, aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros, está recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 como fórmula para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que «con esta subida, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos, acompasamos los salarios de los empleados públicos a los incrementos de precios provocados por las consecuencias de la guerra de Ucrania, al tiempo que contrarrestamos las consecuencias de la política de recortes de anterior Gobierno», según detalla una nota de prensa de la Delegación del Gobierno.
A esta mejora, Fernández ha sumado las distintas convocatorias de empleo público abiertas en la Administración General del Estado, «lo que en conjunto persigue un mismo objetivo: mejorar la calidad de los trabajadores, reducir la temporalidad y restituir su capacidad adquisitiva, al tiempo que, de forma indirecta, incide directamente en otros sectores vinculados a los servicios de ocio y de consumo».
En toda España, la medida beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas. La mayoría de ellas trabajan para las Comunidades Autónomas, que ocupa a casi el 60% de todo el personal que trabaja para el Estado. A estas le siguen por número de personal las Entidades Locales y la Administración Central. La inversión para aplicar la medida será de 791 millones de euros, con una media de incremento de 180 euros en la nómina anual.
Este alza salarial se produce por la situación del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPC), según los datos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La misma tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 y se empezará a percibir en la nómina del mes de octubre, cumpliendo así con lo pactado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones sindicales en el 'Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI'.
Este incremento retributivo se ejecuta por cumplirse lo establecido en la ley de PGE correspondiente a 2023, que recoge dicha posibilidad cuando la suma del IPC Armonizado (IPCA) de 2022 y del dato de IPC adelantado por el INE del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6%. En el primer caso, el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el segundo ha alcanzado el 3,2%. Esto da como resultado un porcentaje del 8,7%, lo que mandata a llevar a cabo esa subida de medio punto.
Con este Acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno persevera en dar una respuesta social a la crisis económica provocada por la espiral inflacionista mundial. Así, no se deja atrás a los empleados públicos, que pasan de perder poder adquisitivo en crisis anteriores a contar con una actualización de sus remuneraciones. Un reconocimiento que se produce en un periodo como el actual, marcado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus y el alza de la energía y las materias primas provocado por la guerra en Ucrania.
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