El portavoz del grupo y concejal de Familia, Alberto Vidal, ha justificado esta decisión, siguiendo los pasos de lo que su partido ya ha solicitado en Borriana, en la necesidad de «cumplir la ley» y para acabar con el «adoctrinamiento» que, a su juicio, provocan estos libros, según han trasladado a Europa Press fuentes municipales.
De esta manera, Vox pretende replicar en Castelló lo que la pasada semana trató de impulsar en Borriana, donde la formación tiene las competencias de Cultura, no como así en Castelló, donde recaen en una concejala del PP. Eso sí, en los dos municipios ambos partidos gobiernan en coalición.
En Borriana, la pasada semana, el concejal de Cultura, Jesús Albiol (Vox) ordenó mediante una providencia que se retiraran inmediatamente todos los libros con contenido sexual del área infantil y juvenil de la Biblioteca Municipal y pedía su traslado a una nueva área especial para adultos que creada para tal fin. «Es nuestro deber proteger a los menores, los más vulnerables, y apartarlos de libros con contenidos que podríamos catalogar como pornográficos y que no son adecuados para su edad», afirmó.
Compromís denunció la «censura»: «Para proteger a los menores es la razón por la que el concejal de la censura de Vox en Borriana ha decidido sacar los libros de diversidad familiar y sexual de la zona infantil de la Biblioteca de Borriana argumentando que lo hace por ley», expresó el portavoz de Compromís, Vicent Granel.
Al día siguiente, un informe técnico emitido por la Biblioteca Municipal señaló que los libros de temática LGTBI que están en la zona infantil y juvenil se deben quedar en esa zona. El documento señalaba que la sección «ya está creada en la sala juvenil, puesto que los libros con contenido de diversidad a los que hace referencia la ley son infantiles y juveniles, destinados a público infantil, por lo que están en la biblioteca que pertenecen».
Esa misma tarde, el alcalde de Borriana (Castellón), Jorge Monferrer, del PP, garantizó en un comunicado que el Ayuntamiento no va a censurar ni retirar «ningún libro» de la biblioteca municipal. Además, aseguró «no compartir» las afirmaciones vertidas por el concejal de Vox --formación con la que gobierna en coalición-- y defendió que el gobierno municipal que encabeza «siempre va a cumplir la ley, tiene una hoja de ruta clara y una visión de futuro para el municipio».
En la ciudad de Castelló no es la primera polémica que afecta a los libros con temática LGTBI. En 2021 la asociación Abogados Cristianos llevó a los tribunales la entrega de 32 libros de ideología LGTBI en once institutos públicos y en el Centro Pi Gros realizada por el Ayuntamiento. «Es intolerable que en centros públicos se faciliten libros a menores que promueven prácticas tan dañinas como el sexo con drogas», aseguraban desde el colectivo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo aceptó la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos para retirar estas publicaciones. El Ayuntamiento --entonces gobernado por PSPV, Compromís y Unides Podem-- presentó alegaciones argumentando que esos libros no vulneran derechos fundamentales, ni la libertad religiosa, que se encuentran dentro del marco legal y que están a la venta y pueden ser adquiridos por cualquier ciudadano.
En octubre de ese año, el titular Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló levantó la medida cautelar adoptada por otra magistrada -en un auto fechado el 15 de octubre- y solicitada por Abogados Cristianos que acordaba la suspensión de la entrega y retirada de los libros al considerar legal la actuación del Ayuntamiento.
Según recogía la resolución, «no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal», así como tampoco de que el contenido de los materiales -libros donados- atente contra los derechos humanos.
Finalmente, en mayo de 2022 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló desestimó el recurso presentado por Abogados Cristianos al considerar que dicha resolución administrativa está «ajustada a derecho».
«La actuación municipal se ha ceñido a donar unos libros a los centros educativos públicos -Institutos donde se imparte ESO y Bachillerato- coadyuvando con los anteriores al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada Ley 8/2017, siendo ajeno al uso que se realice de los mismos, el cual dependerá del centro educativo, este es el quid de la cuestión», argumentaba la resolución del juzgado.
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