El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, durante una sesión plenaria en el Parlament, a 4 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). | David Zorrakino - Europa Press

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El Parlament ha aprobado este miércoles seguir la tramitación del proyecto de ley de la comunicación audiovisual de Catalunya del Govern tras rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que sólo ha apoyado su grupo mientras que el resto ha votado en contra y Cs y PP se han abstenido.

El texto, que debe sustituir la ley del audiovisual en vigor --de 2005--, quiere adaptar la normativa a la transformación del sector en los últimos años «por la convergencia creciente entre la radio y la televisión tradicionales y los servicios distribuidos a través de Internet».

La norma, que podrá ser modificada en comisión parlamentaria tras superar el debate a la totalidad, prevé sanciones de hasta 1 millón de euros para quienes inciten a la violencia o «fomenten, justifiquen o banalicen» la violencia machista.

También considera muy grave el incumplimiento de medidas sobre contenidos que puedan afectar de manera negativa «al desarrollo físico, mental o moral de niños y adolescentes», y obliga a los prestadores de servicios audiovisuales a informar sobre las imágenes que hayan sido manipuladas o retocadas en relación a la estética.

Además, establece que al menos un 51% de las obras europeas que deben emitir radios y televisiones deberán ser en catalán o aranés; en las plataformas, obligadas a tener un 31% del catálogo de obra europea, la oferta en catalán o aranés tendrá que ser de al menos la mitad.

Vilagrà: "es una ley de país"

«Es una ley de país para defender el audiovisual y la lengua catalana», ha recalcado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, tras explicar que con ella quieren dar un impulso al ámbito comunicativo catalán adaptándose a la transformación que ha vivido el sector y a los nuevos hábitos del público.

Sin embargo, el diputado de Vox, Alberto Tarradas, señala que el proyecto de ley responde «a la voluntad del separatismo y de sus socios de controlar el panorama político a imagen y semejanza de TV3 para imponer el uso obligatorio del catalán en todos los medios», y cree que el Govern quiere profundizar en ello con este texto.

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Tras criticar a los que piden cerrar TV3, el diputado de PSC-Units, David Pérez, ve necesaria esta ley porque plantea, a su juicio, un nuevo modelo libre de violencias, estereotipos de género y favorece el uso de los idiomas oficiales, por lo que pedirán la creación de una ponencia conjunta para abordar su contenido y lo harán «con mano abierta, con voluntad de llegar a acuerdos y con una idea de diálogo».

Desde Junts, el diputado Francesc Ten también ha argumentado la necesidad de tener una ley del sector adaptada a la realidad actual para que sea útil y eficaz, y tras cuestionar no haberla aprobado antes que la del Estado, indica que la norma también servirá «para defender el nervio comunicativo del país, la lengua».

Cup: "vamos tarde"

«Vamos tarde, muy tarde», ha opinado a diputada de la CUP Dolors Sabater, que ha reclamado poder debatir su contenido en una ponencia y afrontar así cuestiones como el cambio en la gobernanza de los medios locales que se propone en el texto, que considera una auténtica involución, y una mayor concreción de las medidas de fomento y protección de la lengua.

Para la diputada de los comuns Susanna Segovia, el proyecto inicial que se presenta es «poco ambicioso» en diversos temas y ha constatado que el Govern, en minoría legislativa, necesitará llegar a acuerdos con los grupos porque considera que hay cuestiones a mejorar.

Cs y PP

La diputada de Cs Anna Grau se ha mostrado en contra de cerrar TV3 porque, a su juicio, lo que debe hacerse es «abrirla a la pluralidad informativa, a la modernidad, al diálogo y al reencuentro», y espera que la nueva ley sirva para evitar que se repitan abusos, ha dicho literalmente, y otras cuestiones.

Desde el PP, la diputada Lorena Roldán ha dudado del ámbito competencial y de aplicación del proyecto porque, en algunos aspectos considera que conculca normativas del Estado y la directiva europea, y ha avisado del riesgo de que Filmin, con sede en Barcelona, se vaya de Catalunya: «Si es lo que pretenden lo están bordando. Establecer negocios en Catalunya con ustedes a bordo es asfixiante. Todo por su cruzada contra el español».

Por parte de ERC, la diputada Raquel Sans ha llamado al resto de formaciones a trabajar conjuntamente para que Catalunya disponga «de la mejor ley posible», y cree que la ley está bien encaminada al haber recibido sólo una enmienda a la totalidad de Vox.