El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha descartado este lunes que el Gobierno interponga algún recurso contra las dos leyes de reconocimiento de las universidades privadas CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterránea, que este miércoles aprobará el Parlamento de Andalucía.
«No creo que lo haga», ha indicado Gómez Villamandos sobre esa posible iniciativa jurídica del Gobierno durante su participación en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, en colaboración con Unicaja Banco.
«Si hubiera recurso sería inconstitucional por intromisión en las competencias autonómicas», ha proseguido argumentando el consejero de Universidad, antes de precisar que «estamos acostumbrados a ello», así como ha remarcado que «tenemos un problema de concepto» acerca de la puesta en marcha de esos futuros centros universitarios privados al esgrimir que este miércoles el Parlamento dará luz verde a «leyes de reconocimiento» y que eso «no significa que al día siguiente» empiecen a funcionar.
«El camino empieza ahora», ha esgrimido Gómez Villamandos sobre la trayectoria de esas futuras universidades, de las que ha asegurado que afrontarán «controles de calidad muy exhaustivos», para precisar que los criterios sobre el cumplimiento de los títulos universitarios «son los mismos» que para las públicas, así como que su validación recae sobre el mismo organismo, el Consejo de Universidades estatal.
El responsable de universidades del Gobierno andaluz, quien ha planteado que percibe «interés en que haya revuelo» sobre esas universidades privadas, ha remachado que no perciben «ni un euro de la Junta de Andalucía», afirmación a la que ha sumado la idea de que «no hay una competencia real entre las públicas y las privadas en cuanto al número de alumnos», al tiempo que ha situado esa carrera en paralelo entre públicas «cuando no ha habido planificación» y han ofertado títulos similares.
Sobre el modelo de financiación de las universidades, cuyas bases aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta el día 19 de este mes, ha afirmado en clave jocosa sobre las exigencias de las universidades que «los rectores son pidones» para evocar que «he sido rector, he pedido», antes de defender que «hay cosas más importantes, no sólo pedir dinero».
Ha blandido la cláusula de salvaguarda, que prevé que ninguna universidad pueda recibir menos dinero del que había percibido antes de la entrada en vigor del modelo, a lo que ha sumado la inclusión en la financiación de los incrementos salariales para el personal público que decida el Estado, así como ha defendido los 14 millones incluidos para «inyectar, desarrollar el modelo a través de los planes estratégicos» de las universidades.
Gómez Villamandos ha argumentado que el modelo de las universidades se contempla para un periodo de cinco años, así como ha considerado «posible llegar» a que un 30% de la financiación universitaria no proceda de recursos públicos, convencido de que las universidades podrán cambiar con el contrato programa contemplado en el modelo.
Andalucía destina un 1% de su pib a gasto universitario
El consejero de Universidades ha rechazado «el mantra de que hay infrafinanciación», por cuanto ha explicado que «todos queremos más», antes de matizar que «la tarta es la que es», así como que «a todos nos gustaría tener más», para recordar entonces que «ojalá el Gobierno nos diera más», entre los que ha incluido la infrafinanciación de 1.000 millones anuales que soporta Andalucía del sistema de financiación universitaria.
«Andalucía es la que más invierte en sus universidades», ha proclamado, para precisar que ese contribución es del 1% del PIB de la región, para recordar que se trata de una cifra que el Gobierno de la Nación «se pone como objetivo», antes recordar que la media de la OCDE oscila entre el 0,92-0,94% y colegir que «estamos en el 1%, no se puede decir que no se dedica dinero».
Gómez Villamandos, quien ha esgrimido «las más de 50 horas» dedicadas a la negociación del modelo de financiación, ha remarcado que «es un modelo que no es de reparto», por lo que ha precisado que «la financiación es la que les corresponda», antes de evocar que del modelo anterior se arrastraba una deuda de 800 millones y que «eso no va a volver a pasar».
El consejero de Universidad se ha declarado partidario de continuar con la medida de la gratuidad de la enseñanza universitaria tras abonar los gastos de matrícula del primer curso, para precisar que son «47 millones de euros que las familias pueden mover, gastar», así como «estamos evaluando también si mantenerlo o ajustarlo con una disminución de tasas».
Cuestionado por la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), que se aprobó el 22 de marzo y entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el consejero ha situado su presentación a que «estamos pendientes de los resultados de las elecciones», con la expectativa de que «haya un gobierno del PP, que nos gustaría», porque de confirmarse un ejecutivo que presidiera Alberto Núñez Feijóo se contempla la modificación de la LOSU en «los primeros 100 días de gobierno».
En caso contrario, ha hablado de que «seguiríamos trabajando en hacer un recurso de inconstitucionalidad». La Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional (LOTC) establece en su artículo 33 que «el recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional».
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