La Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado durante el pasado año un total de 376.119 de diligencias previas, un cuatro por ciento más que en el año 2019, último registro previo a la pandemia. Han sido 15.000 más y supone haber recuperado y superado en dos años la actividad procesal del Ministerio Fiscal que había antes de la irrupción de la covid-19, según se desprende de la memoria anual de este órgano correspondiente al ejercicio 2022.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal superior, Ana Tárrago, expone que si bien no se aprecian cambios especialmente significativos en la evolución de la criminalidad sí existe una cierta «preocupación» por la persistencia de algunas formas de criminalidad muy graves que no han invertido su tendencia durante décadas.
Con respecto al 2021, el incremento de diligencias ha sido de un 13,3 por ciento, con 44.178 diligencias previas incoadas más. Todas las provincias aumentan y Málaga presenta un fuerte repunte de un 31,3 por ciento, con 114.726, Cádiz un 13 por ciento más y la menor ha sido Córdoba con un 1,2 por ciento.
Esta estadística muestra la actividad procesal de los cerca de 500 fiscales de la comunidad sin que ello indique la carga de trabajo real que realizan al no reflejar la asistencia a declaraciones en procedimientos de mayor complejidad o la preparación de juicios. Así, la cifra de 376.119 diligencias previas de 2022, la fiscal superior la valora elevada en el territorio para los recursos personales de fiscales y funcionarios que dispone.
Reconoce que se presentan todavía demasiadas denuncias al estar muy arraigada la cultura del litigio que es necesario reducir e incide en seguir implantando mecanismos de mediación, arbitraje y acuerdos para evitar los señalamientos de juicios.
«Estas medidas extrajudiciales --señala-- deben aumentar en los próximos años tras los convenios que han firmado las Fiscalías Provinciales con los Colegios de Abogados y deben permitir a la Justicia ser más eficiente en su respuesta».
Juicios rápidos
Las diligencias urgentes calificadas, conocidas como juicios rápidos, han subido un 13,6 por ciento. Han sido 33.076 causas y cada año mantiene una tendencia alcista al ofrecer una gran eficacia y considera oportuno que deba ser reforzada con una reforma legal que amplíe su ámbito de actuación. Los procedimientos abreviados han sido 37.201 y presentan una leve subida del 2,4 por ciento de causas, con Málaga y Cádiz donde más se aprecia el aumento.
Los sumarios abiertos en 2022 son 645 causas y han tenido un repunte de un 32 por ciento con 156 procedimientos más que reflejan todas las provincias menos Jaén y Córdoba. Los juicios con jurado celebrados son 105, 18 menos.
Los juicios leves también han bajado un 9,6 por ciento, con 22.830 juicios, mostrando la tendencia de los últimos años a través de la mediación y el acuerdo. Aun así, no han demostrado gran eficacia pues los señalamientos de juicios orales siguen mantenido un volumen mayor que la totalidad ante los Juzgados de lo Penal y de las Audiencias Provinciales y la consiguiente asistencia de los fiscales a los juicios.
Por ello, insiste en la necesidad para dar mayor eficacia alcanzar la mediación y el acuerdo antes del señalamiento del juicio para obtener un mayor rendimiento de los recursos humanos y materiales de los que dispone la Justicia.
Considerando que se puede establecer como indicador de la criminalidad en nuestra comunidad la suma de todos los registros procesales de diligencias previas, diligencias urgentes calificadas, procedimientos abreviados, sumarios y juicios conjurado se aprecia una subida del 7,6 por ciento, son 5.000 causas más durante este ejercicio.
En cuanto a los datos de las diligencias de investigación se aprecia un descenso del 11 por ciento, son 4.009, 500 menos. Al igual que las sentencias con 75.234 en la que constata una bajada del 3,4 por ciento, mientras que las calificaciones realizadas han aumentado un 8,8 por ciento, con 5.217 causas.
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