En una entrevista a la Cadena Ser, Garamendi se ha referido a la propuesta del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de celebrar una Convención Constitucional que permita pactar una interpretación de la Constitución sobre la cuestión territorial y avanzar en el carácter plurinacional del Estado y el desarrollo del autogobierno.
A su juicio, se trata de una propuesta «muy oportuna», y es una iniciativa que abre «un debate serio y sosegado sobre el modelo territorial del Estado».
Olatz Garamendi ha manifestado que la Constitución contempla todavía «un diseño abierto y no acabado» del Título VIII y ello conlleva «la necesidad de hablar, de dialogar, de alcanzar un entendimiento de esta arquitectura abierta».
Por ello, ha añadido que Urkullu ha propuesto este acuerdo político a través de la vía de la interpretación de la Constitución que «complete ese modelo, a través de la vía también de la actualización de los derechos históricos». «Desde luego entiendo que es una propuesta realmente oportuna», ha apuntado.
"cauce de reflexión"
La consejera vasca ha afirmado que se propone un «cauce de reflexión y acción» dentro de la Constitución con esa fórmula de Convención y, dentro de la Disposición Adicional Primera, y plantea «ese doble pacto que luego habría que detallar».
«Uno de cara a firmar un acuerdo preliminar de reconocimiento de bases, incluyendo el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada también y después plantea un segundo momento de ese foro, en el plazo de un año, para analizar el alcance de esa Disposición Primera de la Constitución y el autogobierno de las nacionalidades históricas. Ese es el entramado, esta es la propuesta que tenemos encima de la mesa», ha explicado.
Por otra parte, cuestionada por si las dificultades para la investidura del futuro presidente del Gobierno puede bloquear asuntos pendientes para Euskadi, ha recordado que en la legislatura anterior ha sido «muy crítica» en aspectos relacionados con el desarrollo del autogobierno, en concreto, por el «incumplimiento» del Estatuto de Gernika.
En este sentido, ha remarcado la «incertidumbre» que se está viviendo en la actualidad, ya que no se sabe qué Gobierno habrá o incluso si se pueden llegar a repetir las elecciones.
En todo caso, ha apuntado que el Gobierno español, «sea del color que sea, está en deuda con Euskadi y tiene que saldar esta deuda con el Estatuto de Gernika».
«Y cada día que pasa la paralización de esos traspasos, de esas transferencias, lo que supone es que desde Euskadi no podamos desarrollar estas políticas públicas que corresponderían a nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, sí, es preocupante, es necesario una estabilidad, es necesario trabajar en el ámbito de la bilateralidad que establece el Estatuto», ha reclamado.
Nueva ley de vivienda
En relación al recurso anunciado por el Gobierno vasco contra la Ley estatal de vivienda, Olatz Garamendi, ha recordado que en julio se aprobó en consejo de Gobierno la autorización para la presentación del mismo.
Según ha indicado, como suelen hacer en estos casos y como la vía del Gobierno vasco es la "del acuerdo y la negociación siempre que sea posible y con carácter previo a la interposición de cualquier recurso, han instado a la Administración del Estado a que se abra esa vía bilateral del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permita discutir y debatir sobre esta cuestión antes de la interposición formal del recurso.
Garamendi se ha mostrado convencida de que la redacción actual de la Ley de Vivienda, en algunos de sus artículos, «vulnera competencias» de Euskadi «en lo que se refiere a políticas públicas en materia de vivienda».
La consejera vasca ha hecho un llamamiento al Gobierno español para tratar de «encauzar» este tema en la Comisión Bilateral, previa al recurso de inconstitucionalidad.
Ante las OPES previstas en Euskadi, ha apuntado que la Administración General de la Comunidad Autónoma cuenta con «un alto grado de interinidad», algo que «nunca» ha negado, por lo que uno de los retos de la legislatura es promover y llevar a cabo procesos de consolidación para que «se puedan, de alguna manera, cubrir todas las vacantes existentes con personal funcionario de carrera o en su caso laboral».
Olatz Garamendi ha precisado que están «culminando esos procesos» y, tras pasar la fase de exámenes, se está en la de baremación de méritos. Ha añadido que son 3.700 las plazas vacantes que se van a cubrir y cree que, para el final de la legislatura, podrán llegar a esos índices que marca la Unión Europea en torno al 8% de la interinidad.
Asimismo, ha apuntado que su Departamento tiene otros «retos importantes» ligados a la administración digital, a acercar la administración a la ciudadanía o el gobierno abierto. En relación a esta última cuestión ha señalado que espera que, en breve, sea aprobado en consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Transparencia.
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