El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General de la Junta de Andalucía para el año 2023, que incluye 778 plazas (704 de funcionarios y 74 de laborales) que se resolverán mediante concurso de méritos, es decir, calificando los méritos alegados y acreditados por las personas aspirantes respetando los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Con este nuevo Decreto, aprobado previamente por unanimidad en la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral y por mayoría en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración, el Gobierno andaluz persigue reducir el empleo temporal en la Junta y eliminar la situación de desigualdad en la que habían quedado los interinos de larga duración que no superaron procesos selectivos de estabilización anteriores y que fueron convocados por concurso-oposición, según la normativa entonces vigente.
«Dijimos que no íbamos a dejar tirados bajo ningún concepto a los interinos de larga duración de la Junta de Andalucía que han cumplido durante muchos años con esta administración pública, pero que no han superado el proceso de selección. Dijimos que no lo íbamos a hacer y así va a ser. Cumpliremos nuestra palabra», ha subrayado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, que ha destacado que la solución alcanzada es fruto del «diálogo y consenso» con los agentes sociales, «seña de identidad de este gobierno».
Las 778 plazas en detalle
En concreto, son en total 778 puestos estructurales dotados presupuestariamente, ocupados por personal interino con una relación laboral temporal de interinidad de larga duración superior a cinco años anterior al 1 enero 2016. Un total de 74 son de personal laboral, 14 del Grupo I (médicos, psicólogos y titulados superiores) y 60 del Grupo II (enfermeros, trabajadores sociales, educadores, monitores ocupaciones, restauradores y traductores).
De las 704 plazas de funcionario, la oferta mayoritaria es para los cuerpos de administrativos (255) y auxiliares (215 más 14 del cupo reservado para personas con discapacidad intelectual). Además, se convocarán 57 plazas del Cuerpo Superior de Administradores (51 de Administración general y 6 de Gestión financiera); 51 de Auxiliares técnicos (6 de Informática y 45 de Medio Ambiente); 38 para técnicos de Grado Medio (arquitectos técnicos, ingenieros técnicos o informáticos entre otros); 33 plazas del Cuerpo Superior Facultativo (la mayoría de Informática, Ciencias Sociales y del Trabajo, Arquitectura o Veterinaria); 23 plazas del Cuerpo Técnico de Gestión Administrativa (22 de Administración general y una de Gestión financiera); y 18 plazas de Ayudantes técnicos (delineantes, informáticos, agentes de medio ambiente o de Administración agraria).
Según la Junta, con esta oferta se da cobertura a todos los interinos de larga duración que no superaron convocatorias anteriores y que hasta ahora no han podido participar en procesos de selección por concurso. Una parte de los interinos que cesaron con la incorporación de funcionarios a sus plazas ya han superado otros procesos selectivos y son funcionarios, otros cumplen los 65 años en 2023 y otros están en situación de incapacidad laboral.
El Ejecutivo andaluz recuerda que se trata de la quinta oferta de empleo que publica para reducir la temporalidad en la Administración andaluza. En total, incluyendo esta última, son ya 38.415 las plazas ofertadas para estabilización, de las que 9.319 son de Administración General.
Antecedentes
La publicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público del Gobierno central autorizó una tasa adicional para convocar plazas de estabilización que incluye aquellas que hayan estado ocupadas de forma temporal, e ininterrumpidamente, al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. El texto recoge una serie de medidas extraordinarias, como la posibilidad de convocar sólo por concurso aquellas plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal y de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, pero sólo una sola vez. Es decir, no se podría convocar dos veces la misma plaza.
Asimismo, según recuerda la Junta, establecía que las plazas que ya hubieran sido ofertadas en procesos de estabilización previstos en las leyes de Presupuestos de 2017 y 2018, se podían acoger a la Ley 20/21 plazas incluidas en este nuevo proceso, siempre y cuando no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.
La Junta señala que todo ello provocó una situación de desigualdad en el colectivo de interinos andaluces con respecto a otras comunidades, ya que Andalucía cumplió con lo establecido en las leyes de Presupuestos de 2017 y 2018 y convocó las plazas de estabilización por concurso-oposición. Aquellas comunidades que no lo hicieron, en cambio, pudieron estabilizar mediante la fórmula del concurso, a la que no tuvieron acceso los interinos andaluces.
Para corregir esta situación, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública acordó incluir una enmienda en la nueva Ley de Función Pública, que fue apoyada por organizaciones sindicales y grupos políticos, para poder volver a convocar estas plazas. Todo ello, después de plantear al Ministerio de Hacienda que aclarase la posibilidad de dar esta solución, sin obtener respuesta.
Posteriormente, el Gobierno ha publicado el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en el que, entre otras medidas, hace alusión a la estabilización de empleo temporal en la Administración Pública en la misma línea en la que se hace en la citada enmienda, lo que ofrece garantía y seguridad jurídica. Este Real Decreto estatal fija que las ofertas de empleo público deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre de 2023, y las convocatorias resueltas antes del 31 de diciembre de 2024.
De esta forma, el Decreto extraordinario que regula la oferta de estas 778 plazas que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa estatal para poder ser convocadas mediante concurso.
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