La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha anunciado que el Ejecutivo impugnará esta nueva resolución judicial, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz, que anula varios apartados de una orden del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.
En la citada orden, del 22 de abril de 2021, se convocó un proceso selectivo para constituir una bolsa de personal interino propio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de secretarios e interventores, para cubrir los puestos reservados a personal funcionario de la escala de Secretaría-Intervención en las entidades locales.
La sentencia tiene su origen en un recurso del Colegio Oficial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Bizkaia contra la referida orden. En concreto, la sentencia firmada por la jueza Ana María Martínez Navas anula seis preceptos de la orden relacionadas con la capacidad del Gobierno Vasco para la conformación de las bolsas, la idoneidad del proceso selectivo, y la exigencia de acreditación de perfiles lingüísticos.
"escalada contra el euskera"
Olatz Garamendi ha denunciado que "en los últimos meses, asistimos a una muy preocupante escalada de resoluciones judiciales contrarias a la normalización del euskera que, además, laminan la competencia de autoorganización de las instituciones vascas y desgarran el
autogobierno vasco".
La consejera ha denunciado que esta sentencia «ahonda en la estrategia de erosión silenciosa del autogobierno vasco por parte de los poderes del Estado», una estrategia que --según ha destacado-- «en las últimas fechas está teniendo como víctima principal al euskera y al alto grado de consenso que las instituciones vascas, de la mano de la sociedad, hemos alcanzado en torno al impulso de nuestra lengua».
El Gobierno Vasco ha defendido su competencia para la contratación de los cuerpos de secretarios, interventores y secretarios-interventores de las administraciones locales. Además, considera que «hay soporte legal» para ello de acuerdo a la Ley de Bases del Régimen Local y a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
Además, Garamendi ha señalado que el Derecho Foral vasco «ha amparado siempre la capacidad de las instituciones locales para designar estas plazas». La sentencia --ha lamentado la consejera-- "omite que la Ley de Bases del Régimen Local señala que las
actuaciones sobre funcionarios de habilitación nacional serán ejercidas por las instituciones vascas".
"omisiones" de la jueza
«La jueza omite incluso sentencias del propio TC o el hecho de que es la propia normativa española la que remite a la normativa vasca en esta materia», ha criticado.
En concreto, la sentencia rechaza que la acreditación del perfil '3' o '4' de euskera pueda ser requisito para poder participar en el proceso selectivo y formar parte de la bolsa de personal interino. La resolución judicial sostiene que «la única administración con competencias para la selección y formación de estos funcionarios es la Administración nacional, aun cuando la Comunidad Autónoma puede constituir una bolsa de interinos», según ha explicado el Ejecutivo.
El Gobierno Vasco rebate esta interpretación de la legislación y apunta que, «cuando la planificación lingüística de cada entidad local así lo requiera, la normativa vasca en materia de función pública posibilita la exigencia del euskera como requisito».
Además, el Ejecutivo subraya la necesidad de que «estas plazas tan importantes para el funcionamiento de las entidades locales estén cubiertas con profesionales que también acrediten un nivel de conocimiento de euskera».
De esa forma, sostiene que «solo así se puede garantizar el derecho de toda ciudadano/a de Euskadi a conocer y usar las lenguas oficiales, tanto oralmente como por escrito y el derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración».
«Esto es muy difícil de garantizar a través de las bolsas de personas remitidas por el Estado a través del Instituto Nacional de Administración Pública», ha añadido.
Asimismo, el Gobierno Vasco ha criticado que la sentencia «cuestione la idoneidad de una de las pruebas del proceso selectivo, que exige el conocimiento de la normativa foral como parte del bagaje del personal de secretaría o intervención en las entidades locales».
"increíble"
«El control de la legalidad y el uso de los fondos públicos, en el caso de nuestras entidades locales, está sometido a la foralidad; es absolutamente increíble que en una comunidad autónoma donde existen tres haciendas forales, que son las que financian a nuestros ayuntamientos, sea cuestionado, por parte de la jueza, que la normativa foral hacendística, por ejemplo, deba formar parte de la formación específica que debe tener este personal en Euskadi», ha señalado Garamendi.
Esta convocatoria de bolsas impulsada por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno tiene por objeto atender con la mayor rapidez posible las necesidades de provisión temporal de puestos de trabajo reservados a personal funcionario con
habilitación de carácter nacional, para plazas de Secretaría-Intervención, de las entidades locales de Euskadi que se pudieran producir en el futuro.
El servicio jurídico del Gobierno vasco recurrirá esta sentencia ante la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Ejecutivo ha recordado que mientras no se sustancie el recurso de apelación, «la queda sentencia suspendida».
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