La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, han firmado por separado y de forma telemática este viernes los protocolos para la continuación de la B-40 y las encomiendas de gestión por valor de 914 millones de euros previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Estos protocolos son un compromiso político y dependen de la posterior firma de los convenios para que se inicien los protocolos para llevar a cabo las obras, que se podrían acordar a partir de octubre.
El protocolo de la B-40 indica que el plazo para firmar el convenio es de cuatro meses, por lo que se debería firmar la primera semana de noviembre como tarde.
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han explicado en un encuentro con los medios que este hecho provoca que si hubiera un cambio de Gobierno tras las elecciones del 23-J, «podría significar que queden en papel mojado», aunque no realizar las encomiendas de gestión será un incumplimiento presupuestario.
Las mismas fuentes han asegurado que el protocolo por la B-40 se cerró en mayo pero que la Generalitat lo ha querido vincular al segundo protocolo, cuyo acuerdo se cerró el pasado domingo.
Han insistido en que «son cosas en paralelo y separadas» y que son acuerdos independientes, y han lamentado que el Govern no quisiera negociar las encomiendas de gestión hasta la convocatoria de elecciones, lo que han explicado que hacía muy difícil poder firmar el convenio antes de las elecciones y que había, en sus palabras, cierta ingenuidad de pensar que se podía hacer en este periodo.
B-40
El protocolo de la B-40 contempla la continuidad de la vía hasta la B-124 y la configuración de la Ronda Nord de los sistemas urbanos de Terrassa y Sabadell (Barcelona).
Las fuentes del Gobierno han explicado que el documento no menciona en ningún momento la posibilidad de continuar la carretera hasta Granollers (Barcelona), por lo que no queda descartado.
Tampoco especifica el tipo de vía que debe ser ni si será o no de alta capacidad, aunque desde el Gobierno se ponen como ejemplo las rondas de Barcelona, que cuentan con entre dos y tres carriles por sentido.
Encomiendas de gestión
El segundo protocolo firmado este viernes contempla las cuatro encomiendas de gestión que se introdujeron en los PGE y que tienen un presupuesto conjunto estimado de 914 millones: los intercambiadores entre la red de Rodalies y la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), las obras de mejora de la N-260, los nuevos enlaces en la AP-2 y la AP-7, y la pacificación de la N-II en el Maresme (Barcelona).
Los intercambiadores previstos tienen un presupuesto estimado de 20 millones y unirán las estaciones de Hospital General y Rubí (Barcelona) y de Volpelleres y Sant Cugat (Barcelona), lo que pueden conllevar que se mueva de lugar alguna de las infraestructuras.
Sobre la N-260, el Ministerio ha explicado que las actuaciones no están definidas pero que no se incluirán obras que ya están en marcha.
En el caso de los nuevos enlaces de la AP-2 y la AP-7 no se incluye la construcción de un tercer carril en el protocolo y, en todo caso, el Gobierno continuará con la redacción de los proyectos, que se entregarán a la Generalitat para que pueda iniciar las licitaciones «si todo va bien, el año que viene».
Por último, el protocolo de la N-II en el Maresme reformula el convenio firmado en 2010 y prevé actuaciones como la pacificación de la vía, nuevos enlaces con la C-32 y la permeabilización de las vías de la R1 de Rodalies.
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