Las organizaciones y movimientos ambientales, respaldadas por firmas de «más de 260.000 personas de toda Europa», se han reunido este miércoles con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para trasladar su preocupación ante la situación de Doñana y la necesidad de que la Unión Europea siga presionando al gobierno central y andaluz, en contra de la proposición de ley del PP andaluz y de Vox, para la regularización de regadíos en el entorno del citado espacio ambiental, protegido como Patrimonio Mundial.
En este encuentro, han insistido en que la proposición de ley implica aumentar los niveles de extracción de agua y, por lo tanto, «generar más presión sobre el acuífero de Doñana, que ya se encuentra oficialmente sobreexplotado», además de suponer «una clara invitación a futuras ocupaciones ilegales de nuevas superficies forestales».
«En su momento, a través de una dura carta remitida al gobierno español, la Comisión Europea ya alertó de que la multiplicación de cultivos intensivos de regadío se relacionaba con el deterioro de los hábitat de Doñana», protegidos por las normativas comunitarias como la Directiva de Hábitats. También advirtió de que, puesto que en la actual planificación hidrológica no hay previsión de incrementos de disponibilidad de agua, era urgente adoptar medidas para reducir el consumo y revertir la situación pésima del acuífero.
En su dura misiva, las autoridades europeas manifestaron su sorpresa y malestar por el hecho de que, en lugar de adoptar medidas para resolver la situación, se pretendiera aprobar una normativa que iba en dirección opuesta y que contribuye a agravar el estado del deteriorado acuífero. Por todo ello, advirtieron al Estado español que, de no paralizar esta propuesta de ley, la Comisión Europea acudiría al Tribunal nuevamente para sancionar a España, según rememoran los colectivos ecologistas.
Las organizaciones ecologistas creen que es una «temeridad» que el gobierno regional del PP continúe con la actual proposición de ley para legalizar las explotaciones agrícolas ilegales de Doñana, ya que podría acarrear fuertes sanciones económicas «que podrían, incluso, cuestionar los fondos Next Generation para esta comunidad autónoma».
«Como ha quedado demostrado, la propuesta de ley del PP que preside Juan Manuel Moreno Bonilla supone una auténtica burla a la normativa y a las autoridades europeas, así como a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo», avisan.
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