Un centenar de funcionarios de Justicia han protestado este miércoles en la tercera jornada de huelga convocada por los sindicatos Csif, CC.OO. Staj y UGT, con una pancarta conjunta con el texto: «Lo público es de todos. Ni recortes, ni privatizaciones. Sin justicia no hay democracia».
Se han concentrado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Catalunya, cortando el tráfico de la calle desde las 11 hasta las 12 horas, y han gritado proclamas como 'Ministra, dimite, Justicia no te admite' y 'Que baje el delegado'.
Los funcionarios empezaron su protesta con paros parciales de tres horas el 17 de abril, hicieron huelga el jueves de la semana pasada y para esta semana y la que viene han convocado tres días de huelga, de martes a jueves.
Se trata de un colectivo con una plantilla de unos 45.000 funcionarios en toda España y 7.860 en Catalunya, donde el seguimiento de la primera jornada de huelga fue del 18,8% y en la segunda del 8,8%, según cifras de la Generalitat, que todavía no ha recopilado los datos de este miércoles.
El presidente de la junta de personal del sindicato Staj en Barcelona, Eduardo Montesinos, ha explicado en declaraciones a Europa Press que han empezado con tres días semanales de huelga «con la intención de no llevar a un colapso total de la administración y hacer que el Ministerio se avenga a negociar», si bien los sindicatos han avisado de que harán huelga indefinida a partir del lunes 22 si el Gobierno no les convoca para negociar antes.
La protesta de los funcionarios de Justicia ha sido empujada por la subida salarial de 450 euros mensuales que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (Laj) con su huelga indefinida, si bien los funcionarios insisten en que sus reclamaciones no son solo económicas y también exigen que se reconozca todas las funciones que hacen.
Nueva organización
Un aspecto central de sus reivindicaciones es negociar con el Ministerio de Justicia la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que está en tramitación y que consideran que empeorará sus condiciones de trabajo.
«Esta ley modifica la estructura de la oficina judicial y la amplifica. Ya no existen centros de trabajo concretos sino que la movilidad puede ser continua, no solo dentro de una misma población donde puede afectar a la especialización, sino que puede afectar a la movilidad entre distintas poblaciones», ha explicado Montesinos, que ha criticado que esto implicará que un funcionario pueda trabajar en distintas ciudades según la necesidad de personal o, en ciudades grandes, que pueda pasar de trabajar en asuntos penales a mercantiles u otras jurisdicciones.
Sobre esta ley, el delegado de UGT de Justicia, José Ramón Martín, ha explicado a Europa Press: «Modifica completamente nuestras condiciones de trabajo. Se nos menosprecia a la hora de mandarnos a sitios donde están colapsados. Con menos personal quieren hacer lo mismo, no es posible».
Martín ha reivindicado que los funcionarios de Justicia son el 93% de plantilla de los juzgados, ha asegurado que asumen funciones por encima de las que se les reconocen y retribuyen, y ha avisado de que continuarán con la huelga porque «una huelga nunca es perder dinero, es una inversión de futuro».
Sueldos de letrados, jueces y fiscales
El coordinador de la agrupación de Justicia de CC.OO. en Catalunya, David Toribio, ha recordado en declaraciones a Europa Press que el Ministerio de Justicia ha acordado una subida de sueldo para los Laj de 450 euros mensuales y ha ofrecido una subida de 500 euros a jueces y fiscales ante su aviso de huelga en mayo, «con lo que la sensación de abandono y desesperación de los cuerpos generales y especiales de administración de Justicia es brutal».
«Nos sentimos totalmente discriminados. Nos están dejando de lado y el Ministerio está mostrando una situación totalmente clasista favoreciendo a las élites de la oficina judicial y ninguneando al 93% de la plantilla, que es quien saca trabajo ordinario», y ha lamentado que Justicia no haya hecho una oferta de mejoras retributivas para ellos.
Por parte de Csif, el responsable de Justicia en Catalunya, Manuel Gómez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que con estas protestas intentan que la futura ley recoja las funciones que hacen, que calculan superiores a las reconocidas: «Queremos que se reconozca y se retribuya en función de lo que tramitas y lo que llevas».
Ha avisado de que con el redactado actual «la ley va suponer un cambio bestial en condiciones de la gente, va a suponer posiblemente supresión de plantilla», y ha reivindicado que los funcionarios de Justicia asumen una parte fundamental del trabajo de los juzgados.
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